*Minas de oro y plata para extranjeros
De enero a mayo del 2010, el Gobierno federal otorgó 739 concesiones a empresas privadas nacionales y extranjeras, quienes extraen de las minas cuantiosa riqueza en oro, plata, cobre, plomo zinc, manganeso y molibdeno.
Pero a pesar de que esas minas están en territorios propiedad de las comunidades indígenas, este sector no recibe nada de la riqueza que da la tierra y viven en condiciones de lacerante pobreza.
Por ello, los diputados federales Luis Hernández Cruz, Federico Ovalle Vaquera y Domingo Rodríguez Martell empujan en la Comisión de Asuntos Indígenas la expedición de la Ley General de Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Con ello pretenden fortalecer las capacidades y oportunidades de desarrollo de este sector, aprovechando su experiencia, recursos y potenciales con base en su cultura.
La iniciativa busca establecer una nueva forma de relación entre el gobierno y los pueblos indígenas, desde el fortalecimiento y la revaloración de estas comunidades como sujetos de derecho público.
Con esta ley se intenta crear las condiciones que permita el desarrollo de los pueblos indígenas fundado en sus derechos y autonomía, que privilegie la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, vestido y esparcimiento.
La población indígena representa el 12 por ciento del total nacional y se encuentra agrupada en 62 pueblos que habitan en diferentes entidades. Además, la propiedad social y privada de estos poblados representa el 14.3 por ciento del país.
A pesar de que en los pueblos indígenas se capta anualmente el 23.3 por ciento del total nacional del agua, no hay prácticamente procesos compensatorios para ellos por este servicio, no obstante que sirve para el abasto de los territorios, el equilibrio de los ecosistemas y consumo de la sociedad en general.
En los territorios indígenas se capta el agua para la mayoría de las presas que en el norte del país forman los distritos de riego de alto rendimiento y de sistemas importantes para la generación de electricidad, sin que ello represente un beneficio real para esas comunidades.
Esto es propiciado porque no hay una clara política pública compensatoria, en relación con los pueblos indígenas.
Respecto a la explotación minera, de enero a mayo de 2010 se otorgaron 739 concesiones para explotar oro, plata, cobre, plomo, zinc, manganeso y molibdeno.
Gran parte de estos recursos están en territorios indígenas, los cuales son explotados por empresas privadas y transnacionales, por lo que no representa un verdadero beneficio para la comunidad.