La senadora panista Adriana González Carrillo presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar a las Comisiones de Estudios Legislativos Primera, y de Seguridad Pública del Senado de la República, a que, en el dictamen del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, incorporen un capítulo específico para la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos, Extraviados o Sustraídos.

Asimismo, la Legisladora mexiquense pidió al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría General de la República trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados con el objetivo de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.

González Carrillo expresó su preocupación por el “aumento constante de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos a lo largo del territorio nacional, pues tan sólo en los últimos cinco años se han perdido más de 75 mil menores en nuestro país, y poco más de 150 mil niños han desaparecido.

“Según las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas, el 67 por ciento tiene que ver con sustracción ilegal de menores, el 9.3 por ciento de los casos se refiere a ausencias voluntarias; el 10.5 de desaparición; el 2.3 es extravío; el 9.3 robo y el 1.2 secuestro; el 58 por ciento del total de los desaparecidos tiene de cuatro a 12 años; y las víctimas son mayoritariamente del sexo femenino”, detalló la Legisladora.

La Senadora de Acción Nacional añadió que la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos recibe reportes de 20 niños extraviados al mes en todo el país, en donde destacan por el número de su incidencia el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco.

Tan sólo de julio de 2008 a marzo de 2010 se denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cerca de dos mil 841 casos de menores de edad cuyo paradero se desconoce, mientras que en el Estado de México, datos de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad mencionan que de enero a julio de 2011 se ha iniciado la investigación de 42 niños desaparecidos en el territorio mexiquense y solamente se ha logrado la localización de ocho, precisó.

Recordó que el Gobierno Federal presentó el 28 de abril de 2011 el Programa Nacional Alerta Amber, cuyo objetivo es la localización y recuperación de niños y adolescentes extraviados, sustraídos o ausentes, mediante la actuación concertada de los gobiernos locales, la sociedad civil y los medios de comunicación, así como una destacada participación de la Embajada de Estados Unidos en México.

En noviembre del año pasado, continuó, la Cámara Alta recibió la minuta con proyecto de decreto que pretende expedir la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cuyo propósito es organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica para proporcionar apoyo en las investigaciones para su localización y que actualmente se encuentra en análisis y proceso de dictamen al seno de las comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública.

“Si bien la eventual aprobación de dicho proyecto permitiría avanzar en la creación de una base de datos nacional sobre personas extraviadas, es pertinente hacer un atento llamado a las comisiones dictaminadoras a fin de incluir un capítulo específico sobre la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos que permita crear una base de datos oficiales, confiables y sistematizados que ofrezcan diagnósticos reales sobre la magnitud del fenómeno de desaparición, extravío o sustracción de niñas, niños y adolescentes”, abundó.

La instrumentación de esa base de datos permitirá la elaboración de políticas públicas focalizadas a atender aquellos sectores de la población infantil que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y a desarrollar estrategias coordinadas a nivel nacional para perseguir a los perpetradores, así como lograr la pronta recuperación de las víctimas, confió.

En el último resolutivo del punto de acuerdo presentado, la Senadora exhortó al gobierno del Estado de México para que, en el ámbito de sus responsabilidades, ponga en marcha el programa Alerta Amber con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en dicha entidad.