Los mexicanos deben estar orgullosos de sus legisladores que van moldeando una nación más incluyente, más transparente y que rinde cuentas y es eficaz para las futuras generaciones, dijo el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI al hablar sobre la declaratoria de constitucionalidad en materia de transparencia.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador por Campeche celebró que con la declaratoria referida, se avanza en un aspecto primordial de todas las democracias que caminan por la ruta de la calidad de sus instituciones como es México.
Para el PRI, añadió, la transparencia y acceso a la información pública constituyen conquistas de la sociedad y representan avances en la calidad democrática del Estado y abren la posibilidad para el cambio en las relaciones entre gobernantes y gobernados.
Recordó el senador Pozos Lanz que a 12 años de haber accedido a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se han logrado alcances importantes en la materia.
Al respecto, mencionó que se han recibido más de un millón de solicitudes de información y ha quedado claro para los servidores públicos, que la transparencia y el acceso a la información es un derecho humano porque fomenta la construcción de ciudadanía para la toma de decisiones.
Por tal motivo, indicó el legislador por Campeche, que el Presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso por actualizar la legislación en la materia como es la autonomía del Ifai.
Con la reforma, se amplía el abanico de los sujetos obligados a transparentar su información, de tal manera que ahora forman parte, los municipios, los órganos político-administrativos, los partidos políticos y los sindicatos que reciban recursos públicos, destacó.
Asimismo, el Ifai será el marco de referencias para establecer los criterios en el combate a la opacidad, los comisionados que serán ahora siete, contarán con mayores oportunidades de análisis en el desahogo de las solicitudes.
Finalmente, detalló que sólo la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República será el único ente con la posibilidad de impugnar los fallos en los casos en que se presuma vulnerabilidad de la seguridad nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá los casos de controversia constitucional sobre el nuevo organismo.