El presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Óscar García Barrón, dijo que más allá de ideologías partidistas es necesario dar seguridad jurídica a los campesinos y estar pendientes de que los Tribunales Agrarios hagan su trabajo.
En reunión con el titular de los Tribunales Agrarios, magistrado Marco Vinicio Martínez Guerrero, el legislador García Barrón precisó que hay un compromiso con el campo; “estaremos pendientes de que haya una corresponsabilidad en las acciones; por nuestra parte será apoyándolos autorizando que se amplíen sus recursos”.
El diputado agregó que los legisladores seguirán trabajando en fortalecer el presupuesto para los tribunales agrarios, a fin de beneficiar las condiciones de los campesinos.
En repuesta, el magistrado presidente de los Tribunales Agrarios, Martínez Guerrero, le aclaró que es importante la ampliación del presupuesto, debido a que no se ha podido solucionar de forma integral el problema de la tenencia de la tierra.
“Es indispensable asegurar la tenencia de la tierra para que el campesino tenga un mejor nivel de vida, ya que de acuerdo al último censo del INEGI existen 25 millones de mexicanos que viven en el campo”, precisó.
Informó que tan sólo este año se presentaron 45 mil asuntos de personas que demandan justicia rápida y expedita, “por lo que la única solución es que nos apoyen financieramente para resolver los pendientes”.
La oficial mayor de los Tribunales Agrarios, Leticia Arce, expresó que el presupuesto para el siguiente año, que asciende a 902 MDP, es un aparente incremento del 3.5 por ciento con relación a lo asignado en el 2011 que fue de 871 MDP.
“Permanecer con este presupuesto incrementaría la carga de trabajo, ya que no se cuenta ni con el personal ni con el equipo para la ejecución de los casos, además no hay lugar para guardar los archivos, ni vehículos suficientes”, advirtió.
Esto, debido a que se tienen 41 mil asuntos pendientes, por exceso de trabajo, una carga laboral que requeriría de un año para resolverlos, añadió.
Además, dijo, se ha sufrido del despojo de algunos vehículos que son indispensables para realizar operaciones y un 25 por ciento se encuentran en situaciones “deplorables”.
En cuanto a la impartición de justicia, señaló que han sido beneficiadas 728 mil 720 personas, que en términos de sus dependientes económicos suma 3 millones 647 mil, es decir, 15 por ciento de la población rural de México.
Solicitó un presupuesto de mil 200 millones de pesos para la creación de cinco salas y la aprobación de nuevas plazas de secretarios de estudio, de cuenta y de acuerdo.
Asimismo, la instauración de áreas de organización, informática, contraloría interna y capacitación; dar cobertura de riesgo a los empleados, crear un archivo y adquisición de vehículos, lo que equivale a un incremento de 297 millones de pesos respecto de lo asignado en el 2012.