Guillermo Pimentel Balderas
Héctor Carlos Salazar Arriaga, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), afirmó que para diseñar la política agropecuaria que nos lleve al campo que deseamos, se debe retomar la aspiración del Acuerdo Nacional para el Campo, que es el de ubicar al sector rural como estratégico para la Nación y como una parte fundamental de la soberanía y seguridad alimentarias de México.
El líder de los maiceros del país demandó una reafirmación de la soberanía y seguridad alimentarias como eje rector de la política agroalimentaria, en el sentido de la libre determinación del estado en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional y el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a los mexicanos.
En una reunión de trabajo con dirigentes de maiceros de varios estados de la república mexicana, se discutió el escenario actual del país en el tema de la agricultura en que se reconoció que el contexto del sector ha cambiado en los últimos años, y hoy los factores que la determinan deben ser considerados, tales como: una creciente demanda de alimentos en el futuro, un mercado volátil con alta especulación; riesgos por el cambio climático, crisis financiera, descapitalización de los productores agrícolas y baja cobertura del crédito; inestables inventarios internacionales y nacionales de granos; contradictoriamente los alimentos básicos han aumentado su precio al consumidor y el costo al productor agrícola ha bajado; disminución de la producción y productividad agrícola nacional, envejecimiento de la población y emigración; movimiento del mapa agrícola; incremento de las importaciones; inseguridad, desestimulante de la actividad productiva y de la inversión, y un mayor ritmo de acumulación de la riqueza en unos cuantos, agudizando la inequidad en el incremento del número de pobres, con mayor inconformidad social.
Asimismo, en la reunión, los dirigentes de productores de maíz, sugirieron cinco compromisos necesarios del Gobierno y del Estado para un acuerdo político en la Reforma para el Campo.
1. Reconocer el régimen ejidal, a los productores minifundistas y la propiedad comunal como plataforma del desarrollo rural, de la economía campesina y base nacional de la seguridad y soberanía alimentarias, asimismo reconocerla como símbolo de la identidad mexicana, del patrimonio poli-cultural y de diversidad genética, riqueza culinaria, artesanal y del paisaje nacional.
2. Corregir el desafortunado proceso de Reforma para el Campo que esta operado desorganizada y confusamente la SAGARPA, que han excluido, descalificado y provocado a autenticas organizaciones campesinas. Que ha partido de un bajo nivel de interlocución por parte del Gobierno acotándolo a la SAGRAPA, cuando debería ser atendido el diálogo y el proceso de consulta para la reforma por la Comisión Intersecretarial, presidido por la Secretaria de la Presidencia o la de Gobernación, en el actual nivel de atención se exhibe la poca importancia que tiene el Campo Mexicano en el plan de Gobierno, comparada con las otras reformas.
3. Que se hace necesario liberar la cartera vencida, resolver el problema de los adeudos de energía eléctrica de usurarios de pozos profundos y la persecución política de dirigentes que han luchado por defender los intereses de los productores agropecuarios y campesino, agraviados por un modelo neoliberal injusto y depredador de la economía campesina, su cultura y su integración familiar.
4. El Estado y el Gobierno deben resolver el intercambio injusto de mercancías en el mercado agropecuario, detener con regulaciones, normas y vigilancia la voracidad de especuladores y coyotes que venden al consumidor final mercancías con altos precios que no corresponden al precio que se paga al productor agropecuario y el campesino mexicano, que generan pobreza, desigualdad, indignación y es un factor de provocación social que ha desestabilizado, entre otros factores el campo mexicano y la sociedad.
5. Proteger el mercado interno y la producción nacional que hoy está controlada por importadores oportunistas de las desgracias nacionales, que han prometido siempre la baja del precio del consumidor, lo cual nunca se cumple, pero si se condena la productor nacional en el “jibarito de siempre” para que bajen sus precios, sus ingreso y su nivel de vida con las consecuente emigración y pobreza que hoy caracteriza a la gran parte de las familias campesinas, debe restablecerse el régimen de cupos y aranceles a productos agropecuarios importados cuando estemos realizando las cosechas nacionales.
En cuanto a las propuestas de Política Agropecuaria en la Reforma para el campo, entre otras se hicieron propuestas de gran visión como el Mega proyecto de Irrigación y Drenaje del Sureste que aproveche los caudales de las cuencas de agua dulce que hoy desembocan en el mar, que incorpore con certidumbre al menos dos millones de hectáreas con alta tecnología, basado en el Plan Hidráulico Nacional (PHLINA) y bajo el lema “Ni una gota de agua dulce al mar, nuestro recurso estratégico y necesarios”, una tarifa única al costo de la energía eléctrica de 14 centavos por Kilowatt, para los usuarios de pozos, ya que el costo de generación es de 7 centavos, donde hoy la tarifa es irregular con costos hasta de 6 pesos; legislar sobre la política de uso, conservación y rehabilitación de suelo.
“Rescatemos la base de nuestros alimentos, el suelo”; en materia ambiental, hacer un plan nacional de aprovechamiento de las áreas comunes de los ejidos como base de un mercado ambiental; todo esto y otras 15 propuestas bajo el eje conductor de la política agropecuaria, el desarrollo rural, el económico, social y ambiental de la nación debe ser de largo plazo con presupuestos multianuales.