El Senado de la República avaló 17 dictámenes con punto de acuerdo de la Comisión de Justicia, entre los que destaca un exhorto a la Procuraduría General de la República (PGR) para que analice la viabilidad legal de iniciar una investigación sobre la actuación de los servidores públicos que intervinieron en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez.
Lo anterior, con la finalidad de deslindar las responsabilidades que puedan existir y en su caso, ejercer las acciones legales correspondientes.
También se busca que la PGR proporcione capacitación al personal que labora en esa institución sobre la atención a víctimas del delito, sus derechos y las obligaciones de la autoridad ministerial y jurisdiccional relativa la importancia de la reparación integral y las medidas de ayuda y protección, con la finalidad de cumplir los derechos plasmados en la Constitución.
Los legisladores también avalaron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que elabore un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a periodistas o al derecho de libertad de expresión.
Se aprobó además un dictamen que exhorta al PGR para que se revisen los casos de los periodistas Carlos Alberto Limón, Alejandro González Muñoz, Esteban Bonilla y el empleado Julio Moncada, respecto al debido proceso sobre las acusaciones derivadas por miembros de la delincuencia organizada que los inculparon están correctamente sustentadas con otras pruebas objetivas y verificables.
Además, se hizo un llamado a la PGR, al Instituto Federal de Acceso a la Información y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que realicen campañas de fomento y promoción de los derechos a la libertad de expresión y de la información.
Se avalaron exhortos al gobernador de Guanajuato para analizar la viabilidad de llevar a cabo acciones por el caso de la menor Ana Karen; al gobernador de Jalisco para que se lleven a cabo las investigaciones relacionadas con las denuncias penales interpuestas por presuntos desvíos de recursos durante la administración estatal anterior; otro a la PGR para que se analice el caso de las agresiones armadas en 2012, contra las comunidades bases de apoyo del EZLN.
También se solicita a la PGR informe sobre la posición institucional respecto de las acusaciones publicadas en el diario Milenio, el 14 de noviembre de 2012; las investigaciones en el caso de la profesora Elba Esther Gordillo; y para conformar un grupo de trabajo que dé seguimiento al caso de Alberto Patishtán.