La procuradora general de la República, Marisela Morales, no se amilana y por el contrario, aseguró a los diputados federales con que se reunió, que la institución se encuentra bajo un estricto proceso de depuración y que durante su administración no permitirá espacios para la corrupción de sus subordinados.
Ante legisladores de las comisiones unidas de Seguridad Pública, Justicia y Función Pública, la valiente funcionaria juró responder con verdad a los cuestionamientos que le plantearon y dijo que sabe de la responsabilidad que lleva a cuestas.
Explicó que por ello desarrolló el “Proyecto Diamante”, programa con el que pretende maximizar las capacidades de la Policía Ministerial y de los Ministerio Públicos con criterios homogéneos.
“Uno de los temas que preocupan a la población es el tráfico de armas de fuego y explosivos, lo que nos obligó a establecer el compromiso de disminuir el trasiego de armamento utilizando tecnología avanzada y el intercambio de información con Estados Unidos”, expuso a los legisladores de todos los partidos políticos.
Añadió que seis ciudadanos o residentes estadounidenses han sido llevados ante autoridades judiciales por los delitos de compra de armas, las cuales, de acuerdo con lo que se comprobó, fueron vendidas al crimen organizado que opera en nuestras fronteras.
Y al hacer un recuento de los procesos que tiene en este momento, dijo que actualmente hay seis casos de asistencia jurídica, se han solicitado dos procedimientos de extradición contra ciudadanos o residentes estadounidenses. Los primeros tres están ubicados en Madera California, Estados Unidos, el segundo están Texas, precisó.
La fiscal de la nación insistió en que por este delito en México se ha investigado a dos personas que ya se encuentran en un centro federal por la comisión de los delitos previstos de la Ley Federal de armas explosivos, así como en Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Indicó que en el caso del Casino Royal de Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas, la PGR ha ejercido acción penal contra diversos involucrados con 28 órdenes de aprehensión por los delitos delincuencia organizada, 12 por privación ilegal de la libertad, tres más por uso exclusivo de armas de las Fuerzas Armadas y una más por posesión de una granada, dijo.
De las cinco personas identificadas como miembros de los Zetas, que comandaron el ataque, puntualizó que tres ya fueron ingresados al centro federal de readaptación de Tamaulipas.