La Cámara de Diputados turnó 11 iniciativas a comisiones presentadas por legisladores, relativas al respeto de los derechos elementales de los hijos; a la Cédula de Identificación de menores; la reparación de daños a víctimas de delitos; a erradicar discriminación a indígenas; al apoyo de las Mipymes; a garantizar vivienda segura y de calidad; al turismo histórico-cultural, y al seguro de desempleo.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González, presentó iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversos artículos del Código Civil Federal, para respetar los derechos elementales de los hijos.
Dijo que la existencia de calificativos aplicados por el origen de los hijos son una expresión desmesurada de la degradación y la ignorancia en derecho familiar que aún hoy prevalece en el sistema civil, específicamente en materia de filiación.
La legisladora de MC destacó que el tema de la filiación es esencial para el derecho familiar. La clase de hijos que cada persona tiene, de acuerdo con la ley, produce efectos jurídicos en distintos niveles fundamentales, ya sean sucesorios, alimenticios, de parentesco, de origen familiar o de paternidad, que deben cambiarse para proteger los derechos humanos. Se turnó a la Comisión de Justicia, y a la de Igualdad de Género, para opinión.
Reanudar emisión de Cédula de Identidad para menores
Por otra parte, la diputada del PVEM, Mónica García de la Fuente, señaló la urgencia de que la Secretaría de Gobernación reanude la expedición de la Cédula de Identidad para menores, suspendida en 2011, por lo que propuso reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Población, a fin de protegerlos.
Prevé que dicha cédula es una identificación gratuita que deberá contener el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, código de barras con la Clave Única de Registro de Población (CURP), nombre completo de los padres o tutor, vigencia, fotografía, registro del iris de un ojo y el Número Único de Cédula de Identidad. Los datos serán tratados como información confidencial, precisó.
La cédula, además, certifica la nacionalidad, evita la suplantación de identidad y protege los datos personales de los menores, y facilitará trámites educativos y de salud. Se turnó a la Comisión de Justicia.
Pago a hospitales públicos por lesiones atendidas a delincuentes
A fin de cubrir las lagunas legislativas respecto al pago de la reparación del daño a favor del ofendido por lesiones sufridas con motivo de un delito, el diputado del PRI, Luis Armando Córdova Díaz, propuso reformar los artículos 34 del Código Penal Federal, y 188 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Se busca que los organismos de salud pública que intervienen a favor de la víctima, y atienden las lesiones sufridas a causa de un delito, puedan exigir el pago respectivo a la reparación del daño y los gastos que generen los hospitales públicos que por ley debe cubrir el delincuente; para este fin, se hará llegar al Ministerio Público las notas o facturas por concepto de medicamentos y hospitalización emitidos por dichos organismos públicos de salud. Fue turnada a la Comisión de Justicia para su dictaminación.
A rango de ley, el Instituto Nacional del Emprendedor
El diputado del PAN, Carlos Alberto García González presentó iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para elevar a rango de ley el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), y apoyar a más de 4 millones de compañías, de las cuales 99.8 por ciento son Mipyme, que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y 72 por ciento del empleo en el país.
Darle esta figura jurídica al Inadem, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, lo consolidarían y extendería sus funciones para el desarrollo y fomento empresarial de los emprendedores y de las Mipyme.
García González expuso al Pleno que a través de esta facultad se generarán las condiciones para que las empresas mexicanas participen de manera exitosa en el mercado nacional e internacional y reduciría, en la medida de lo posible, las asimetrías económicas con los socios comerciales.
Eliminar Discriminación a Indígenas
El diputado Roberto López Rosado (PRD), presentó iniciativa para modificar los artículos 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 9 y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es revertir la discriminación que sufren aún en este siglo XXI los pueblos indígenas.
En la exposición de motivos se destaca que es tiempo para que las instancias de gobierno y la sociedad reflexionen y tomen conciencia para cambiar su trato con los pueblos indígenas; “es un esfuerzo por establecer un nuevo tejido social que considere la diversidad cultural de la nación. Es tiempo de superar la exclusión en que se han mantenido los pueblos indígenas del proyecto nacional”, afirmó.
Consideró como urgente redireccionar el deficiente funcionamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y dirigirla hacia la verdadera conservación, preservación y desarrollo de pueblos étnicos.
Vivienda social de calidad y segura
El diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) presentó la iniciativa que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y la Ley de Vivienda para garantizar que los conjuntos habitacionales sean construcciones de calidad y seguras.
La reforma establece obligaciones a los organismos de vivienda del país, y para aquellos que cuentan con la capacidad de otorgar créditos y subsidios para la construcción de casas de interés social, con el fin de garantizar que sean seguras. La iniciativa se turnó a la Comisión de Vivienda.
La suplencia de la prueba, una herramienta
Posteriormente, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) presentó la iniciativa que deroga el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, porque “el juez de amparo puede borrar todo el procedimiento, a través de la suplencia de la prueba para volver a juzgar a la persona que ya había sido juzgada”. El proyecto de ley fue turnado a la Comisión de Justicia.
Modalidades de turismo
El diputado Juan Rocha Piedra (PRI) presentó la iniciativa que adiciona una fracción XXII al artículo 3o. de la Ley General de Turismo, para agregar las diferentes modalidades de esta actividad como ecoturismo, turismo cultural-histórico y turismo de ciudad, entre otros.
Se entiende por turismo cultural-histórico como el que comprende aquellos sitios arqueológicos, edificaciones históricas, museos, difusión de la cultura en diferentes modalidades, así como la promoción y conservación de dichos recursos culturales. La iniciativa se turnó a la Comisión de Turismo para su dictamen.
Proteger genética de variedades del maíz
También la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, con el objetivo de garantizar la protección de los reservorios genéticos de la biodiversidad existente en el país, principalmente de las diversas variedades existentes del maíz.
Lo anterior por considerar que estas variedades son un derecho humano al formar parte de la identidad y cultura alimentaria de los pueblos originarios y del pueblo de México en general; asimismo, busca fortalecer la bioseguridad y la regulación de los organismos genéticamente modificados para evitar que éstos puedan contaminar la biodiversidad existente. La iniciativa se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Protección animal
El diputado del PVEM, Arturo Escobar y Vega presentó iniciativa para reformar el artículo 73 constitucional, fracción XXIX-G, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, y en materia de protección animal. Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Más impuestos a los refrescos
Fernando Zárate Salgado, legislador del PRD, entregó iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para promover un impuesto de 2 pesos por litro de refresco, como un recurso para reducir el consumo de esas bebidas y combatir la obesidad, además de las enfermedades relacionadas al sobrepeso.
El monto de este impuesto generaría, de acuerdo a un análisis económico realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), una disminución en el consumo de este producto: pasaría de 163 a 121 litros por persona al año, 26 por ciento menos. Con la propuesta de un peso por litro, el consumo sólo se reduciría de 10 a 13 por ciento en promedio. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.