El senador José Guadarrama Márquez, presidente de la Primera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, advirtió que ante la situación de inseguridad pública el Estado mexicano es incapaz de sostener condiciones de normalidad democrática que hagan posible la libertad de expresión y el derecho a la información.
En reunión de trabajo con Gustavo Salas Chávez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos en contra de la Libertad de Expresión, el legislador señaló que en algunas zonas del país los periodistas se encuentran sujetos a intimidación y autocensura ante la acción del crimen organizado, además de que “es innegable que se percibe una situación de impunidad por el hecho de que muy pocos de los casos de asesinatos y desapariciones han sido esclarecidos”.
En esta percepción de impunidad --subrayó-- los delincuentes buscan que la prensa guarde silencio o se haga cómplice de aquellos actores que actúan contrario al interés público.
Aunado a ello, destacó que en diversas entidades federativas se hostiga y “hasta se lleva a prisión” a periodistas que ejercen crítica sobre el gobierno, servidores públicos o particulares poderosos “quienes recurren a los obsoletos delitos de calumnia y difamación para acallar a la prensa”.
En su intervención, el diputado panista Agustín Castilla Marroquín aseguró que mientras siga habiendo impunidad en estos casos, “los incentivos están dados para que la conducta se repita”.
Dijo que su grupo parlamentario se suma a la exigencia de “que todos y cada uno de los lamentables hechos se esclarezcan y los responsables sean sancionados de manera ejemplar”.
Es un tema prioritario para el Estado mexicano y compartimos la preocupación de que el número de casos se haya venido incrementando, enfatizó.
Por su parte, el diputado priista César Augusto Santiago Ramírez manifestó que en el país no solamente hay una crisis de seguridad pública sino también de legalidad.
Esta crisis de legalidad “terrible” --explicó-- se sustenta en una subcultura de la impunidad que el gobierno se ha encargado de propiciar y auspiciar.
Por ello, expresó, “no me parece que sea correcto que cada que haya un asunto de la competencia federal, la conclusión más evidente sea un procedimiento de repartición de culpas; no lo comparto”.
También por el PRI, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga externó que “es grave que cuando desde la órbita del poder se intenta limitar y coaccionar la libertad de expresión”.
En este tenor, resaltó que los crecientes recursos y presupuestos en todos los niveles para “publicidad o información” es también una manera de limitar y de incidir sobre la libertad de expresión.