Desde septiembre de 2010 a la fecha, se ha ejercido acción penal en contra de 40 probables responsables por delitos en contra de periodistas, en su mayoría cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, informó Gustavo Salas Chávez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos en contra de la Libertad de Expresión.
En cuanto a los casos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad, indicó que se han consignado a “peligrosos narcotraficantes pertenecientes a organizaciones delictivas y se han atraído investigaciones donde se tiene acreditada la participación de este tipo de criminales, mismas que esperamos en breve poder consignar ante la autoridad judicial”.
Al comparecer ante la Primera Comisión de la Permanente para informar sobre las acciones que la Fiscalía ha emprendido para enfrentar la violencia contra comunicadores, explicó que los delitos que más se comenten hacia ellos son la tentativa de homicidio, abuso de autoridad, amenazas, daño en propiedad ajena agravado, lesiones y robo calificado.
En este sentido, Salas Chávez refirió que el organismo ha ordenado 64 medidas cautelares a favor de periodistas y medios de comunicación.
Sin embargo, advirtió, en algunos casos las autoridades requeridas se han negado al cumplimiento de este mandato legal bajo argumentos referidos a “una pretendida falta de personal, a una supuesta invasión de competencias y de la violación a la soberanía de los estados”.
Mencionó que la dependencia a su cargo cuenta a la fecha con un total de 2 mil 759 datos relacionados con los 76 homicidios y las 13 desapariciones de profesionales de la comunicación que se tienen reportados.
Derivado de lo anterior, agregó, en 2010 se reactivaron las investigaciones que se encontraban en las distintas áreas de la institución, “iniciándose 126 más de éstas, sólo en la FEADLE”, en contraste a las 68 que la antigua Fiscalía realizó “durante todo su existencia de 2006 a 2010”.
Por otro lado, reconoció que la evolución de la Fiscalía “ha estado inmersa en un proceso largo, difícil, lento e insatisfactorio, lo cual ha generado cuando menos un desánimo y desconfianza de la sociedad”.
“Ciertamente sin la rapidez, agilidad y eficacia que todos deseamos pues los retos son complejos y el proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales ha sido lento frente a las exigencias de la realidad”, puntualizó.
Por ello, considero que la tarea también convoca a los tres poderes del Estado y a todos los componentes, ya que “las amenazas son serias y necesitamos ser corresponsables para enfrentarlas cada quien en el ámbito de su competencia, de su responsabilidad y en su propio espacio de acción social”.