El senador Guillermo Anaya Llamas alertó que el pasado 18 de agosto el Congreso de Coahuila aprobó un decreto por el que se reconoció como deuda pública estatal y se autorizó llevar a cabo operaciones de refinanciamiento para su posterior pago, la cantidad de 34 mil 765 millones de pesos.
La mayor parte de la deuda, dijo, fue contratada por el entonces gobernador Humberto Moreira sin la previa autorización del Congreso del estado.
Señaló que las leyes de Ingresos de la entidad para los ejercicios fiscales del 2006 a 2011, autorizaron al Ejecutivo estatal contraer diversos endeudamientos que no excedían de más de siete mil millones de pesos.
“Los montos de deuda autorizados por el Congreso del estado fueron mucho menores al monto de deuda contraída por Moreira, lo que implica una clara violación a las normas constitucionales y legales que nos rigen en materia de empréstitos”, advirtió el legislador panista.
Mencionó que a la fecha se encuentran en curso las denuncias penales presentadas por presunto enriquecimiento inexplicable y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Vicente Chaires, quien fue secretario de Operación y Administración del Gobierno de Coahuila en el gobierno de Moreira.
Además, la Fiscalía del estado investiga otra denuncia penal en contra de quien fuera secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria, Javier Villarreal Hernández, y de quien resulte responsable, por haber tramitado dos créditos por un monto de 3 mil millones de pesos, sin autorización del Congreso.
Al respecto, el senador Ricardo García Cervantes manifestó que la impunidad y la corrupción son estímulos para que continúe la degradación de las instituciones y se aleje la sociedad de sus representantes.
Por ello, dijo, si no se presentaron documentos falsificados para contratar deuda, como sostuvo la Secretaria de Hacienda, los funcionarios que lo afirmaron deben ser castigados, pero si no se acusó en falso tiene que hacerse justicia, al margen de las militancias y las posiciones políticas.