De 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados, el pasado jueves 27 de febrero acudieron a trabajar solo 396 y con el voto de 345 se aprobó reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Para ello fue modificado en el artículo 10, al que se añadió un párrafo para precisar que: “tratándose de denuncias anónimas la autoridad deberá confirmar la veracidad de los datos aportados, y de confirmarse esta información, iniciará el procedimiento administrativo correspondiente”, propuesto por la diputada María Luisa Alcalde Luján, misma que fue aprobada por el Pleno con 328 votos en pro, 18 en contra y 27 abstenciones.
Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles destacó que la corrupción es un fenómeno que ha padecido México por muchos años.
Es una práctica, dijo, que humilla a los mexicanos al forzarlos a pagar sobornos a funcionarios para que hagan el trabajo que les corresponde.
“Es tan grave el daño, que puedo asegurar que la corrupción mata. Mata cuando una empresa soborna para obtener el permiso de comercialización de carne no apta para el consumo humano. Mata cuando el funcionario solicita dinero para prestar un servicio al que el ciudadano tiene derecho gratuito. Mata cuando el médico utiliza vacunas que no cumplen con los niveles de calidad establecidos por la autoridad sanitaria”, comentó.
Agregó que aunado, la ciudadanía no denuncia, y a pesar de eso, un gran porcentaje de los procedimientos administrativos se originan por una denuncia.
Esta disposición, refirió, se convierte en una acción útil y confiable de la que pueden hacer uso los órganos facultados para sancionar a los servidores públicos cuando realicen acciones de corrupción.
La reforma, comentó, reforzará asimismo el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción.