Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, reconoció la necesidad de modificar las leyes en materia laboral para proteger los derechos de los jóvenes que se emplean como cerillos en tiendas de autoservicio, pues no tienen ningún tipo de prestación o seguridad social.
En el marco de la Semana de Líneas de Investigación, que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de esta casa de estudios, Bouzas advirtió que estos trabajadores no tienen relación laboral con las empresas, deben utilizar uniforme, si dañan la mercancía están obligados a pagarla y, en caso de maltrato con los clientes, pueden ser separados de los almacenes.
Además, para ser aceptado, los interesados deben tener educación básica, carta de autorización de sus padres, constancia de estudio con promedio mínimo de ocho, y tener entre 12 y 17 años.
En su ponencia Promoción y protección de los derechos de la infancia, mencionó que si bien la legislación establece que los jóvenes no deben trabajar, en muchos casos las familias dependen de los ingresos que obtienen y que llegan hasta 500 pesos en un solo día por concepto de propinas.
Violencia juvenil
Por su parte, Verónica Martínez Solares, consultora para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que de 2000 a 2009 la primera causa de mortalidad en este sector de la población, en el orbe, se dio con arma de fuego.
Con la ponencia Juventud malgastada: violencia infanto-juvenil y respuesta estatal en México, Martínez Solares refirió que en 1999, el Instituto de la Juventud clasificaba a ese segmento en el rango de los 12 a 29 años.
También, hay factores a considerar como el proceso biológico y social, indicó. Entonces, para estudiar este segmento deben considerarse aspectos como la familia, escuela, individualidad, compañía y colonias, entre otros.