Las reformas de mercado en naciones emergentes trajeron como resultado el retiro del Estado de la economía, reconfiguraron su estructura y dieron nuevo rumbo a sus funciones en este ámbito, aseveró Irma Sandoval Ballesteros, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de esta casa de estudios.
En el libro Crisis, rentismo e intervencionismo neoliberal en la banca: México (1982-1999), la especialista analiza las estrategias económicas impulsadas en las tres últimas décadas en naciones en desarrollo, a partir de la comparación de tres momentos en la historia del sistema financiero mexicano.
“El neoliberalismo no debe entenderse como un modelo económico con implicaciones políticas, sino como un proyecto político de consecuencias económicas”, subrayó la también coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM.
En el texto, con el que obtuvo el primer lugar del premio Manuel Espinosa Iglesias, Sandoval Ballesteros expone que las reformas al sector bancario de 1982, 1992 y 1995, redefinieron el aparato estatal y el poder político, en función de los intereses de nuevos actores sociales.
Estudio comparativo
Para responder a la crisis internacional de la deuda externa y controlar la fuga de capitales, en 1982 el gobierno mexicano nacionalizó la banca en el país.
Esta “nacionalización privatizadora” no obedeció a un esquema de planificación, sino a lógicas de poder imperantes en el aparato estatal. “Significó un golpe de timón que no empujó el desarrollo económico y financiero del país”, explicó la tutora del Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
La medida fue revertida en los años posteriores, con la apertura de casas de bolsa, que constituyeron un sistema de financiamiento paralelo, lo que significó la sustitución de los banqueros por nuevos agentes económicos: los operadores bursátiles o casabolseros.
En 1992, expuso, este sector emergente, que sustentó su poder económico en la especulación financiera, fue favorecido con la privatización de las instituciones bancarias, en un movimiento que buscaba legitimidad política.
Esta “privatización protegida”, en montos equivalentes hasta en siete veces su valor en libros, significó la alianza entre las élites económicas y políticas del país y el respaldo a prácticas especulativas ejercidas por la nueva clase financiera, sostuvo.
En este proceso, las bases sociales de apoyo político se trasladaron desde la ciudadanía y organizaciones campesinas, obreras y populares, hacia corporaciones y, en particular, a empresas vinculadas con mercados financieros internacionales.
En 1995 se organizó un rescate financiero a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), para salvar a los banqueros de la bancarrota, generada por la crisis económica de 1994.
Tal “nacionalización privatizadora” significó conflictos de interés y colusión entre agentes gubernamentales y financieros, generó diversas irregularidades y consolidó el rol del Estado como soporte de la banca.
Cuatro años después, los pasivos del organismo se convirtieron en deuda pública. “Cada año se asignan a este rubro partidas equivalentes al 20 por ciento del PIB”, refirió la experta en transparencia y rendición de cuentas.
El manejo financiero y bancario en México entre 1982 y 1999, demuestra que las reformas económicas no significaron un repliegue del Estado, sino impulsaron su intervención en la configuración de nuevas clases.