La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos no deben ser abiertas al escrutinio público.
Por mayoría de 11 votos que votaron a contra tres, Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández y José Ramón Cossío, los ministros argumentaron que el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales debe permanecer en secrecía y “no por ser servidores públicos estamos exentos de la protección de datos personales”.
El ministro José Fernando Franco González Salas expuso su argumento en contra: “No desconozco que haya una fuerte corriente que tienen la tendencia a motivar que las declaraciones patrimoniales sean públicas. Y que esto abona a la consolidación de un estado democrático. El punto es, si estamos obligados jurídicamente a eso”.
Luis María Aguilar, ministro de la Corte, también expuso su argumento en contra: “Hay un espacio ajeno a la función del servidor que no puede alterarse salvo cuando se cuente con su consentimiento. Por eso no comparto de inicio la premisa que sostiene el proyecto respecto a que por su interés general, algunos datos de los servidores públicos que pudieran calificarse de privados, deben considerarse información pública”.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo: “Los servidores públicos estamos al escrutinio de la sociedad. En este caso, la intención concreta de quien solicitó la información es tener acceso a la situación patrimonial de los integrantes de la Cámara de Diputados.
“Y yo entiendo que todos los servidores públicos estamos sujetos a este escrutinio, pero también me parece que las leyes establecen los cauces para hacer este tipo de investigaciones.
“Yo creo que las declaraciones patrimoniales tienen esa función. Para que tú autoridad en el marco de tus atribuciones, tengas mi información a la mano. Aquí lo que se pretende es que el particular tenga información y pueda hacer esa investigación y determinar si hay irregularidad al respecto”.
Por su parte, el ministro presidente Juan Silva Meza expuso que sí es relevante el hecho de ser servidor público.
Y añadió: “Este derecho de acceso a la información, en este tema, el punto más conflictivo es el de los datos personales como uno de los límites o excepciones, que debe regir al acceso a la información pública y por eso pienso que este asunto no debió verse desde esa óptica como lo planteó el proyecto.
“También debe observarse desde la óptica desde el derecho de la privacidad. Pero los servidores públicos nos debemos a los gobernados.
“Debe ceder racionalmente, ponderadamente frente al interés público. Esta exigencia democrática creo es más que nunca patente en tanto que la confianza de la sociedad. Por eso yo comparto en esencia en el proyecto”, concluyó el ministro.