*¿Los escucharán?
Los senadores Alfredo Rodríguez y Pacheco, Emma Lucía Larios Gaxiola y Guillermo Tamborrel Suárez pidieron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de 2012, destine 198 millones de pesos para la creación del Programa de Prevención y Atención al Maltrato de Niñas, Niños y Adolescentes.
Este programa consideraría a su vez el establecimiento de centros especializados de prevención y atención de la violencia y el maltrato en niñas, niños y adolescentes, los cuales serían administrados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia).
Mediante un punto de acuerdo, los legisladores también exhortaron a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud de la Cámara de Diputados a que coadyuven en la aprobación de los recursos solicitados.
“Los menores de edad forman parte de la población más vulnerable debido a su dependencia física, afectiva, económica y social respecto de los adultos. Los especialistas distinguen cuatro tipos de maltrato infantil: físico, psicológico o emocional, abuso sexual y de negligencia u omisión”, expusieron.
Señalaron que, según datos del Informe Nacional sobre Violencia y Salud elaborado por la Secretaría de Salud y auspiciado por la ONU, México es uno de los países más violentos del mundo, lo cual tiene un impacto negativo entre infantes y adolescentes.
“El citado estudio revela que tanto en México como en Centroamérica, el castigo físico se justifica como un mecanismo que utilizan los padres para corregir o enderezar las conductas de sus hijos. Así, formas de violencia como golpear, pellizcar o patear a los niños y niñas no son consideradas como acciones lesivas”, agregaron.
Rodríguez y Pacheco, Larios Gaxiola y Tamborrel Suárez expusieron que la situación es preocupante debido a que los menores maltratados y desatendidos padecen más problemas de salud, lo que ocasiona costos en los servicios médicos significativamente más elevados, pues acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no sufren maltrato.
“Como legisladores, estamos obligados a procurar que haya recursos suficientes para la implementación de una política pública eficiente que prevenga y combata la violencia y el maltrato infantil y adolescente”, subrayaron.
Remarcaron que a pesar de que existen instituciones encargadas de la protección de la infancia, como los albergues del DIF y las procuradurías de la Defensa del Menor, en el sistema nacional de salud no hay ninguna instancia o programa que realice acciones de prevención y detección oportuna que mejore la calidad de vida y reduzca la potencialidad del daño derivado de la violencia que sufren los menores.
“Por ello, es importante la creación de centros especializados de prevención y atención de la violencia y el maltrato en niñas, niños y adolescentes en todo el país, y, en la medida de lo posible, restaurar la salud física y mental de los afectados a través de manejo médico y apoyo psicológico.
“Es necesario que se destinen recursos para financiar una política efectiva enfocada a dar prioridad a la prevención y a la intervención temprana en los casos de la violencia y el maltrato contra niñas, niños y adolescentes”, argumentaron.