La senadora Silvia Garza Galván solicitó al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) realice una investigación por el uso indebido de bienes que le pertenecen al Estado, que son parte fundamental para cumplir las tareas propias de la petrolera y que no deben utilizarse en beneficio de particulares.
Asimismo, pidió que un informe sobre los procedimientos y sanciones aplicadas a servidores públicos por el uso indebido de bienes propiedad de la empresa productiva del Estado.
La senadora por Coahuila afirmó que ve “con pesar que las prácticas de corrupción siguen realizándose, ya que los medios de comunicación han dado a conocer casos en los que servidores públicos se han enriquecido o beneficiado de forma desmedida con recursos públicos o utilizando su empleo, cargo o comisión para obtener beneficios económicos excesivos e injustificados”.
Recientemente, dijo, se dio cuenta de la utilización de un vehículo de transporte aéreo perteneciente a Pemex, mediante una denuncia anónima en el estado de Campeche.
La información dio a conocer que “un ex boxeador, tres promotores boxísticos y personal del sindicato de Pemex, que dirige un senador por el PRI, realizaron un vuelo sobre la plataforma petrolera de Campeche contraviniendo en forma flagrante las leyes y disponiendo como bienes propios los recursos materiales de la empresa”, refirió la legisladora.
Si bien los servidores públicos están sujetos a diversos mecanismos que permiten fincar responsabilidades, el Estado y la sociedad se ven dañados cuando en el desvío de recursos públicos tiene como destinatario un tercero que presta su nombre para cobijar el acto de corrupción y garantizar la impunidad a costa del erario, consideró.
Es reprochable la actitud de los funcionarios públicos de distraer bienes a su cargo, porque no sólo traicionan la confianza que se les brinda para sus funciones, sino que incurren en la comisión de delitos que deben sancionarse.
Hoy que el Gobierno federal y el Congreso de la Unión tienen la intención de impulsar una ley que frene la corrupción y la impunidad, el Ejecutivo federal debe dar la primera muestra para castigar cualquier acto de corrupción cometido por funcionarios públicos de su adscripción y separarlos de su cargo cuando haya evidencias patentes del desvío de recursos públicos, ya sea en beneficio propio o de terceros, manifestó.
El manejo de los fondos y recursos públicos debe aplicarse al destino para el cual se les comisionó, y en caso contrario, es necesario garantizar el resarcimiento del daño o perjuicio ocasionado, aun cuando los bienes se hayan registrado como propiedad de un tercero, concluyó.