José de Jesús González Rodríguez
En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 se hace mención del estado que guarda el sistema de procuración y administración de justicia en nuestro país, la percepción no es alentadora ya que las encuestas y sondeos de opinión pública levantados al respecto describen a éste como disfuncional, ineficiente y poco confiable, lo que se traduce en un bajo interés por parte de la ciudadanía para acercarse a las instituciones correspondientes.
En el análisis que hace el Lic. José de Jesús González Rodríguez, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, titulado “Reformas al sistema de justicia penal y combate a la corrupción. Informe de gobierno, opinión pública y agendas legislativas”, se añade que la inercia burocrática en las oficinas gubernamentales de seguridad pública y de procuración de justicia, ha generado un significativo rezago frente al notable aumento de la violencia y de la delincuencia observado a nivel nacional y que esta situación además de atentar contra la convivencia social, propicia que un alto porcentaje de la población sufra deterioro en su calidad de vida, menoscabo en la cohesión social y ausencia de confianza frente a las instituciones del Estado.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (Envipe), levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se tiene que la diferencia entre las cantidades de delitos cometidos y denunciados a nivel nacional en este año fue de: 92.8%; básicamente es la misma la cifra negra que en 2012, año en el que rondaba también en el 92%; en ese mismo año, se reportó que del 8% de los delitos denunciados, sólo 64.7% dio origen a una averiguación previa e investigación.
Entre 1999 y 2012, de las 2.1 millones de denuncias presentadas ante el Ministerio Público de la Federación, solamente 14.33%, —poco más de 300 mil— se tradujeron en una sentencia condenatoria.
En lo que respecta al fuero común, se tiene que de 2000 al 2012 se presentaron 19.9 millones de denuncias y de esas denuncias, se dictaron sólo 1.4 millones de sentencias condenatorias, lo que representa 7.2%. Es decir, que de cada cien denuncias presentadas sólo se emitió sentencia condenatoria en siete casos.
Otro dato interesante es que entre 1999 a 2012 de cada averiguación previa —sin contar aquellas que fueron consignadas con el detenido—demoraron en integrarse un promedio de 223 días, es decir, un plazo cercano a los ocho meses.
Por otro lado, en lo que se refiere a las reformas constitucionales de mayo de 2015 relativas al Sistema Nacional Anticorrupción, mismas que buscan la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, se tiene al respecto que en un ejercicio coordinado por Transparencia Internacional encaminado a identificar la percepción ciudadana sobre el tema, se identificó que más de la mitad de las personas consultadas tuvieron que pagar sobornos en el ámbito judicial en México, mientras que 8 de cada 10 personas consideraron como corrupta o extremadamente corrupta a la judicatura nacional. Transparencia Internacional sitúa este año a México en el lugar 103 de 175, entre las naciones con mayores índices de corrupción.
La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción plantea así uno de los mayores desafíos legislativos que haya conocido la historia reciente del país, tanto por su dimensión como por su relevancia ya que debe concluirse a más tardar en mayo de 2016, tal como lo ordena el texto constitucional.
Igualmente, los datos contenidos en el Tercer Informe de Gobierno en lo relativo a la instauración del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), señalan diversas acciones llevadas a cabo entre el 1º de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2015.
En primer lugar se destaca el incremento sustancial del financiamiento para apoyar la implementación del sistema en las entidades federativas, en este rubro se han canalizado más de 9,919 millones de pesos, lo que representó un aumento de 337% más que en el periodo 2008-2012.
Otro aspecto notable es que el número de proyectos financiados para implementar el SJPA en las entidades federativas se incrementó de un total de 475 proyectos en la administración anterior, a un total de 2,012 proyectos.
Lo anterior se traduce —de acuerdo con los datos del Ejecutivo— en que se hayan destinado más de 440 millones de pesos para capacitar un total de 130 m il operadores de los distintos perfiles del SJPA.
Para la implementación del SJPA hubo necesidad de impulsar la expedición o modificación de 448 leyes locales y 21 federales, lo anterior para ajustar su contenido a los principios del sistema y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
A nivel local y a decir del Ejecutivo el sistema ya opera totalmente en seis entidades federativas: Chihuahua, Morelos, México, Yucatán, Nuevo León y Durango. En 25 más opera de forma parcial: Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Hidalgo, Campeche, Nayarit, Colima, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán y Baja California Sur.
Atendiendo a los datos anteriores es de señalar que los diagnósticos efectuados en los últimos años acerca del fenómeno de la corrupción en México y en torno al sistema de justicia penal, coinciden en la necesidad de implementar profundos cambios sistémicos en ambos rubros.
Muchas son las instituciones y los expertos que se han ocupado de estos temas, pero las acciones de gobierno implementadas al efecto han sido vistas con escepticismo por los analistas y las instituciones nacionales y extranjeras abocadas a la revisión de estos temas y los resultados obtenidos a la fecha distan de ser los que la ciudadanía esperaba.
Igualmente, los diferentes estudios de opinión pública sobre el particular han arrojado resultados coincidentes en torno al pesimismo de los mexicanos acerca de las acciones de gobierno implementadas en la materia.
Nunca como ahora el tema de la corrupción había sido objeto de tantas propuestas y análisis especializados e igualmente nunca como ahora el reto de resolverlo había parecido tan arduo e inalcanzable.