La Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) un informe en el que señala que se localizaron, desactivaron y encapsularon 40 tomas clandestinas dedicadas al robo de hidrocarburos.
Al dar respuesta a un punto de acuerdo sobre las acciones implantadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, la Secretaría indica que se aseguraron:
*2 millones 586 mil litros de petróleo crudo
*443 mil 850 litros de gasolina
*178 mil litros de gas LP
*23 mil 350 litros de gasóleo de alto vacío
*110 mil 90 litros de diesel
*45 mil 600 litros de turbosina
*400 mil litros de diesel adulterado
En el documento se menciona que se encontró en flagrancia a 116 personas; se cumplimentaron 41 órdenes de aprehensión, así como 20 órdenes de localización y presentación.
Además se realizaron 69 operaciones interinstitucionales, y se cumplieron 21 órdenes de cateo.
Se enfatiza que la Policía Federal (PF), por conducto de la División de Investigación, participa activamente en las operaciones interinstitucionales para prevenir y erradicar el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante la implantación de inspecciones domiciliarias, investigaciones de campo y gabinete, así como el cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales.
En el punto de acuerdo los diputados habían solicitado un informe puntual y detallado sobre las acciones implantadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por el robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la fecha.
La SSP menciona en el documento enviado a los legisladores, que el 19 de septiembre de 2008 se creó el grupo interinstitucional para el combate del robo, adulteración, transporte y comercialización ilícita de combustibles, integrado por los titulares de la SSP-PF, Sedena, Semar, PGR-DGCAP, Segob-Cisen, SHCP-UIF, SAT y Pemex.
Su objetivo es aportar información de las instituciones y coordinar sus capacidades de inteligencia; integrar un diagnóstico técnico sobre las manifestaciones de este delito y emitir las recomendaciones sobre las medidas tecnológicas, legales y normativas para su atención; presentar el diagnóstico al Consejo de Seguridad Nacional para su seguimiento, y crear un grupo operativo de trabajo para combatir el delito.