Omeheira López Reyna, titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el gobierno mexicano asume la responsabilidad de dar cumplimiento a las sentencias internacionales, así como a los principios del marco jurídico internacional.
En este sentido, recordó, la Corte Interamericana ha condenado al Estado mexicano en cinco casos: el de Castañeda Gutman, en el que se le ordenó la reparación del daño por un pago de 7 mil dólares; en el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, 228 mil dólares; en el de Rosendo Radilla Pacheco, 238 mil 300 dólares; en el de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, 131 mil 715 dólares; mientras que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, del Campo Algodonero, fue condenado a pagar 851 mil 350 dólares.
Refirió que con la asignación presupuestaria de 30 millones de pesos por parte del Congreso, el Gobierno federal inició el pago de la reparación del daño de todos esos casos con lo que da cumplimiento total a las sentencias en la materia económica.
En cuanto a los demás resolutivos de la CIDH del caso del Campo Algodonero, dijo, se han generado y coordinado mesas de trabajo con autoridades federales y estatales, víctimas y defensores, a efecto de establecer una ruta crítica para cumplir con lo ordenado por el organismo internacional.
Precisó que en la entidad también se implementa el nuevo sistema de justicia penal y con el objeto de dar seguimiento y acatar las resoluciones, el gobierno de Chihuahua recibió un millón 23 mil pesos para capacitar a operadores públicos.
Destacó que entre el 25 y 26 del presente mes se darán a conocer los resultados de las averiguaciones previas en contra de funcionarios involucrados en las diligencias irregulares del homicidio de las tres jóvenes en Ciudad Juárez.
Laura Carrera Lugo, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Secretaría de Gobernación, dijo que esta semana la instancia inició un diplomado en derechos humanos y la prevención de la violencia de género, dirigido a las y los operadores del sistema de justicia de Chihuahua.
Lo anterior, en respuesta al resolutivo 22 de la sentencia de la CIDH, de brindar “capacitación con perspectiva de género” a funcionarios y población en general de esa entidad.