A propuesta del diputado Humberto Benítez Treviño, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldó la determinación del presidente de la Cámara de Senadores de ordenar la publicación en el Diario Oficial, del decreto que expide la Ley General de Víctimas y devolvió al presidente Felipe Calderón las observaciones que envió a los legisladores el 1 de julio, por extemporáneas.
Durante la sesión del pasado miércoles, el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados dijo que su partido, el PRI, apoya la actitud del presidente del Senado para exigir la publicación de la Ley.
Recordó que la Ley General de Víctimas del Delito establece un plazo de 30 días, “tiempo suficiente para que el Ejecutivo, si no está de acuerdo, promueva una controversia constitucional” en términos del 105 o presente una iniciativa de reformas para perfeccionar la Ley; pero también se establecen 180 días para la expedición de los reglamentos correspondientes”.
Benítez Treviño consideró que el debate de fondo es: respetamos o no el orden constitucional, pero no se puede esgrimir el orden constitucional para violar la técnica legislativa; “no podemos argumentar el orden constitucional para violar el orden constitucional”.
El acuerdo instruye al presidente de la Mesa Directiva para que continúe con el trámite correspondiente.