El Pleno de la Sala Superior ordenó al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) que sancione a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Encuentro Social, que integraron la coalición Compromiso por Baja California, por infringir la legislación al realizar imputaciones graves en contra del entonces candidato a gobernador, Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
En el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, se estableció que el contenido del promocional “Casas de empeño”, difundido por la mencionada coalición durante el pasado proceso electoral local, incluyó señalamientos hacia el entonces candidato, que no están amparados en el ejercicio de la libertad de expresión.
Confirma Sala Superior acceso a información de campaña federal
Por unanimidad, el Pleno confirmó la resolución del Comité de Información del Instituto Federal Electoral (IFE) que revocó la clasificación de reserva temporal, formulada por la Unidad de Fiscalización, sobre información relacionada con la campaña del proceso electoral 2011-2012 de la coalición “Compromiso por México” integrada por el PRI y el PVEM.
En el proyecto de resolución, elaborado por la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar, se precisa que las facturas no son documentos de origen reservado, porque se generan antes del inicio de los trabajos de fiscalización y no necesariamente forman parte de éstos. Además de que su difusión no causa perjuicio a las actividades de verificación ni al cumplimiento de las leyes.
Los integrantes de la Sala Superior declararon infundados los agravios formulados por el PRI y determinaron que la información contenida en documentos sobre gastos de partidos políticos no puede entenderse como reservada, pues al tratarse de erogaciones efectuadas en su mayor parte con financiamiento público, debe estar a disposición de cualquier interesado, sin que ello ponga en riesgo su fiscalización.
En la sesión pública se analizaron y resolvieron 13 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 1 juicio de revisión constitucional electoral, 5 recursos de apelación y 3 recursos de reconsideración, lo que hace un total de 22 medios de impugnación; además, se aprobaron seis jurisprudencias.