Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF en México, dijo que la desaparición forzada de adultos tiene un grave impacto en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en el país, por lo cual, dijo, es necesario desarrollar políticas y mecanismos de apoyo como el acceso de derechos a la continuación de la educación, salud o de salud mental y acceso a la seguridad social.
Al participar en un evento organizado en el Senado de la República, subrayó que la proporción de niñas y niños que se encuentran actualmente en el registro de personas desaparecidas en México, merece un esfuerzo especial de mecanismos de búsqueda que sea sensible a las situaciones específicas de este sector de la población.
Indicó que el nuevo sistema de protección integral debe promover políticas integrales de prevención de todos los fenómenos integrados como el grooming o trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.
Por su parte, Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, puntualizó que el Estado tiene la obligación de impedir que sus agentes participen directa o indirectamente en la desaparición de menores, así como de adoptar medidas especiales de protección; por lo que es una prioridad que la ley cuente con una perspectiva de derechos de la infancia, en la que se retomen los estándares internacionales y los sentidos en que la desaparición afecte a los niños, niñas y adolescentes.
Añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que la condición de niñas, niños y adolescentes exige una protección especial: un derecho adicional y complementario a los demás derechos de las personas, frente a la desaparición de personas, pues hay una múltiple violación a los derechos humanos.
Finalmente, Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), comentó que a través de un análisis, con datos de 2006 al 2014 de la Secretaría de Gobernación, se puede confirmar que en el tema de la desaparición de personas no es un asunto de adultos, toda vez que tiene un fuerte impacto en niñas, niños y adolescentes, ya que en el registro de 23 mil casos, seis mil 700 personas son menores de 18 años de edad.
Alertó que de 2012 a 2014, creció 200 por ciento la desaparición de mujeres adolescentes, por lo que consideró que la respuesta a este fenómeno por parte del Estado no ha estado a la altura de la problemática, por lo que consideró que el nuevo proyecto que se está debatiendo, incorpore un capítulo sobre el impacto en la niñez y adolescencia e incluya un protocolo de búsqueda distinto, pues no es suficiente con el actual, como la Alerta Amber o el Protocolo Alba.