La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, que preside la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, aprobó un dictamen por el que se exhorta a las universidades e instituciones de educación superior a incorporar en sus planes de estudio materias vinculadas al conocimiento y administración del sector social de la economía y del cooperativismo.
El dictamen, con punto de acuerdo, menciona que el conocimiento y el desarrollo de una academia especializada en el estudio y la educación acerca de la economía social, por parte de las instituciones de educación superior, tienen un alto potencial de crecimiento y tendría importantes beneficios.
Detalla que a diferencia de las empresas privadas o de la administración pública, cuya normatividad, administración y desarrollo reciben atención de la mayoría de las universidades y escuelas, no ocurre lo mismo con el sector social, pues se limitan al análisis y diseño de políticas públicas que rayan en la investigación del asistencialismo y la pobreza.
Argumenta que el cooperativismo no recibe el interés necesario para promover su desarrollo, como una alternativa que ha demostrado su capacidad de superar las adversidades, incluso en momentos de crisis.
El documento menciona que según las cifras del Censo Económico, las cooperativas que formalmente se encontraban operando en el país en el 2009 apenas sumaban 9 mil 767 unidades, las cuales dieron empleo a sólo 182 mil 928 personas.
Además, el Fondo de Protección de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo informó que a febrero de 2014, había 657 cooperativas de ahorro y préstamo con 6.3 millones de socios.
Resalta que a pesar de no contar con cifras sobre la contribución de las cooperativas al Producto Interno Bruto, se ha podido medir que en 17 de los 32 estados, 200 instituciones autogestionarias muestran un peso relativo de importancia en el desarrollo regional.
La proposición, impulsada por la diputada Silvia Márquez Velasco y suscrita por los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, destaca que algunas instituciones ya cuentan con áreas de estudio de la economía social y el cooperativismo, como las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Autónoma Chapingo e Iberoamericana de Puebla.
Destaca que ello “no es suficiente”, ya que en la mayoría de los países se reconoce el papel que deben desempeñar la economía social y las cooperativas en el fortalecimiento de las comunidades, la generación de empleo y la riqueza.
Argumenta que el estudio de las cooperativas requiere un enfoque que no se limite a la descripción, sino que profundice en varios de los aspectos que le son característicos y determinantes de su comportamiento, y mida su impacto en la economía y en la sociedad.