A fin de esclarecer las inquietudes surgidas a nivel nacional respecto de la suspensión de los recursos federales del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 2011(Subsemun), el senador panista Alejandro Zapata Perogordo presentó un punto de acuerdo que plantea de solicitar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria para que informe ante la Comisión Permanente del Congreso del manejo de dicho subsidio.
Este informe, remarcó, debe incluir tanto a los municipios que se han destacado por cumplir con los convenios y las reglas del Subsemun, como las causas por las cuales aquellos que no han cumplido se han visto afectados por la suspensión o cancelación correspondiente, y también que se señale qué municipios han aceptado los recursos en sustitución de los que hubiesen incumplido.
Mediante un punto de acuerdo, el legislador por San Luis Potosí apuntó que en los últimos días han surgido diversas inquietudes a nivel nacional respecto a la suspensión de los recursos federales del Subsemun por parte del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“La finalidad de estos recursos, según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es el fortalecimiento de la seguridad pública mediante la profesionalización, el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en los municipios y delegaciones, el mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y el desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito.
“Para poder recibirlo, los municipios de los estados y las delegaciones políticas del Distrito Federal deben cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, explicó.
Zapata Perogordo comentó que hace unos días Alcántara Soria dio a conocer cuáles municipios beneficiarios fueron a los que se les depositaron los recursos correspondientes a la segunda ministración y a cuáles se les suspendió la entrega de recursos.
“Presumiblemente, un total de 172 ayuntamientos no cumplieron con los requisitos para acceder a los fondos”, acotó.
Refirió que, conforme a la información proporcionada por Alcántara Soria, poco más del 20 por ciento de los municipios beneficiarios recibieron los recursos por haber cumplido con los requisitos para ellos, por ejemplo, Aguascalientes, Tijuana, Torreón, Guadalajara, Gómez Palacio, Huixquilucan, Toluca, Zamora, Cuernavaca, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Benito Juárez, San Luis Potosí, Culiacán, Tampico y Orizaba, entre otros.
“Sin embargo, resulta de interés no sólo de esta Comisión Permanente y del Congreso de la Unión mismo, sino particularmente de los ciudadanos y autoridades de esos municipios saber a ciencia cierta en qué consistieron esos incumplimientos, cómo procederá el secretariado ejecutivo a revisar la situación de cada municipio para considerar subsanadas las omisiones o, en su caso, cancelar definitivamente los recursos que en buena proporción han sido entregados a las autoridades locales.
“Del diagnóstico que se pueda plantear por parte de la dependencia, se pueden obtener valiosas experiencias para que esta Legislatura federal realice las modificaciones legales que se necesiten para generar no sólo la factibilidad del uso de los recursos, sino también el cumplimiento absoluto de la ley en el uso de los recursos, la transparencia plena en su gasto y la rendición clara y precisa de cuentas que realicen del uso de esos recursos federales tanto las entidades como las autoridades locales”, consideró.
Zapata Perogordo remarcó que no se puede permitir que existan alcaldes que incumplan con sus compromisos y obligaciones, y expongan a sus comunidades a prescindir de los recursos que tanta faltan hacen para hacer valer la seguridad pública en sus municipios.
También, concluyó, es necesario saber del propio Alcántara Soria si a la fecha se han detectado no sólo incumplimientos, sino irregularidades claras en el uso de los recursos federales que se aportan a las entidades, municipios y delegaciones.