La diputada María del Rocío Corona Nakamura propuso que el Ejecutivo Federal emprenda un programa permanente de atención especializada vía telefónica de denuncia y seguimiento a los casos de violencia y acoso en las escuelas, toda vez que se ha incrementado considerablemente el llamado bullying.
Dijo que de acuerdo con datos recientes, más del 45 por ciento de la población escolar a nivel primaria y secundaria en el país ha sido víctima de bullying, y 8.8 por ciento de estudiantes lo ejercen a nivel de primarias y 5.6 por ciento en secundarias.
“Este comportamiento es violento y su intención es dañar a las otras personas; tiene la característica de ser persistente y repetitivo llegando a durar semanas, meses o incluso años. Puede iniciarse con una simple serie de burlas y provoca, casi de manera inmediata, la exclusión social de la víctima”, afirmó.
Corona Nakamura resaltó que ni las víctimas y menos quienes atestiguan las prácticas del bullying se atreven a expresar lo que pasa, “porque dicen tener miedo a represalias, a ser considerados o llamados chismosos o bien porque no tienen el medio adecuado para denunciarlo”.
Mencionó que desafortunadamente no existen datos estadísticos precisos a nivel nacional sobre la denuncia en esta materia; “la información es poca, no específica ni uniforme”, destacó.
La escasa información precisa que tan sólo para el Distrito Federal el bullying provocó 190 suicidios de menores de entre 11 y 15 años de edad durante el ciclo escolar reciente; de estos casos cerca del 70 por ciento eran hombres y el resto mujeres, abundó.
Respecto a las denuncias, agregó, las estadísticas son todavía más preocupantes, ya que sólo el 15 por ciento de los casos se reportan formalmente, pero las situaciones en donde se brinda atención profesional y seguimiento especializado por parte de las autoridades, es aún menor.
María del Rocío Corona afirmó que este tema de maltrato e intimidación escolar o bullying no es nuevo en el país. En 2007, un estudio elaborado en México por la ONU concluyó que un 65 por ciento de los niños en edad escolar manifestó haber sido víctima, al menos una vez, de acoso estudiantil.
Lo anterior, afirmó, “pese a que México ratificó su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose a adoptar medidas para garantizar la no discriminación de ninguna índole entre la población infantil en todo el país”.
Señaló que la solución a este problema involucra a todos los sectores, pues los centros educativos deben crear programas de vinculación entre profesores, alumnos y padres de familia; capacitar a su personal, y tener psicopedagogos en la atención, prevención y erradicación de estas conductas.
Las autoridades, argumentó, deben proveer los mecanismos y medios para motivar y responder a la denuncia, el seguimiento oportuno y la atención oportuna, especializada y personalizada. La familia tiene que eliminar tendencias hacia la violencia o abuso entre sus integrantes.
Por ello, presentó un punto de acuerdo para que también la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades en la materia estatal y municipal, cuente con psicopedagogos para la atención, prevención y erradicación de las conductas de bullying en las instituciones de todo el país, a nivel básico y medio superior.