El gobierno federal enfrenta una nueva oleada de asignación de obras públicas, en donde, por lo que se ha ventilado públicamente, se percibe un favoritismo desmedido, aseveró el diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al plantear que el Grupo de Trabajo que indaga los contratos de la empresa Higa con el gobierno federal debe ampliarse a otras líneas de investigación, como las nuevas licitaciones vinculadas con otro contratista favorito del presidente Enrique Peña Nieto.
“Como es del conocimiento público, un nuevo bien inmueble, ya reconocido por la Presidencia de la República como parte del patrimonio del titular del Ejecutivo federal, es la casa comprada en 2005 y que se localiza en el exclusivo ‘Club Gran Reserva’ de Ixtapan de la Sal”, indicó.
Añadió que “lo sospechoso del caso es que tanto el propio presidente Peña Nieto, como el empresario constructor de dicho Club, Roberto San Roman Dunne, no han desmentido su compadrazgo, el cual fue difundido en fotografías de publicaciones de sociales, por lo que esta situación coloca al gobierno en una posición de insolvencia moral y política”.
En ese sentido, Huerta Ladrón de Guevara manifestó: “sin duda, la vida privada y la amistad es un espacio que les pertenece, pero cuando ésta se vincula con el gobierno, lo que se ocasiona es una distorsión en el ejercicio de la administración pública”.
Ello, en especial, continuó, porque nos enteramos de que el dueño de la compañía constructora de la ‘Casa de Ixtapan de la Sal’, comprada por el Presidente de la República al empresario Roberto San Román Dunne, es el mismo dueño de la empresa que se ha beneficiado con contratos por más de 2 mil millones de pesos, en un periodo que va del anterior gobierno mexiquense al actual gobierno federal, ambos presididos por Peña Nieto”.
Reiteró que en el Grupo de Trabajo de investigación de los contratos de Higa con el gobierno federal --integrado por PRD, PAN y MORENA, quienes legalmente han justificado la necesidad de integrar una Comisión Investigadora, con la firma de más de 192 legisladores, como lo exige el artículo 93 de la Constitución— debe hacer extensivas solicitudes de información a toda dependencia u organismo gubernamental, a efecto de que informen a la Cámara de Diputados de la existencia o no de contratos celebrados con compañías a las que se ha calificado de “favoritas” en la realización de obra pública.
Esto significa, añadió, que a las investigaciones del Grupo de Trabajo sobre los contratos de Juan Armando Hinojosa con el gobierno, pueden agregarse otras sobre la empresa “Constructora Urbanizadora Ixtapan S.A.”, que edificó la “Casa de Ixtapan de la Sal” propiedad el presidente Enrique Peña Nieto.
Subrayó que esta empresa “se ha visto favorecida en forma inexplicable con la asignación de contratos con montos considerables en obras públicas, lo que ratifica la presencia de conflictos de interés entre servidores públicos y particulares en la gestión gubernamental, por lo que debe ser investigado y, en su caso, ser objeto de sanción”.
“Estaremos dedicados a abordar temas tan sensibles para la población, como el combate a la corrupción, o bien, continuar la lucha a favor de que nos presenten vivos a los jóvenes de Ayotzinapa, así como a ser propositivos en la agenda legislativa.
Para concluir, Huerta Ladrón de Guevara expresó que “ciertamente hemos padecido el criterio político impuesto en San Lázaro, como el mayoriteo, el nulo debate y la aplanadora aplicada a todas las y cada una de las reformas estructurales votadas por la actual Legislatura, por lo que no somos ingenuos a ese respecto”.