En México hemos emprendido una larga lucha para eliminar todo tipo de fueros que promuevan impunidad y suponíamos que el fuero eclesiástico había sido suprimido desde 1857, pero tal parece que permanece intacto, denunció la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
La senadora Angélica de la Peña recordó que el más reciente informe del Comité de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos del Niño acusó directamente al Vaticano de haber violado la Convención sobre los Derechos del Niño, porque protegió a los menores víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes u otras personas bajo su autoridad, además de que tampoco adoptó medidas que garanticen una sanción por este delito.
Añadió que en México el involucramiento de sacerdotes en el abuso sexual de personas menores de edad está más que documentado, especialmente con el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, y sin embargo, la iglesia católica se mantiene sin reconocer que se trata de delitos severamente sancionados por las leyes vigentes.
"No solamente son criminales los sacerdotes abusadores, también quienes conociendo la comisión de estos delitos no denuncian sino protegen, encubren, son omisos de la ley, está documentado e incluso ha habido denuncias que no han encontrado eco en los diversos niveles jerárquicos de la iglesia”, indicó la legisladora.
Es sabido que aquellos niñas y niños víctimas y sus familias que se han atrevido a denunciar, recibieron como respuesta desacreditación, incluso fueron culpados por las autoridades religiosas y desalentados de tramitar sus reclamaciones.
Señaló que es improcedente que se pretenda exculpación pidiendo solamente perdón y reprobar comportamientos inmorales que fueron solapados.
Además, precisó, urge sancionar a los culpables del daño causado a las víctimas, muchas de las cuales tuvieron que llegar a la edad adulta para atreverse a denunciar.
Resaltó que en México hay un marco jurídico vigente y su aplicación debe ser irrestricta, con respeto al debido proceso y al derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia y a la reparación del daño.
Las autoridades de procuración de justicia deben actuar sin dilación en contra de todas las personas involucradas en los crímenes que no hayan prescrito, proteger a las víctimas y brindarles la debida atención acorde a la Ley General de Víctimas, es el llamado que hace la senadora Angélica de la Peña Gómez.