Legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Permanente aprobaron una propuesta de los senadores panistas Fernando Elizondo Barragán y Felipe González González, para solicitar un informe detallado al Consejo Nacional de Seguridad Pública, sobre los avances y resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el 21 de agosto de 2008.
Del mismo modo, los congresistas aprobaron otro punto de acuerdo presentado por el senador panista Alfredo Rodríguez y Pacheco, por el que se remite al Poder Ejecutivo del estado de Yucatán la solicitud para que se investigue el presunto pago de facturas apócrifas a diversos proveedores de distintas dependencias estatales.
Respecto de la primera proposición, presentada el pasado 15 de junio por los senadores Fernando Elizondo y Felipe González, se aprobó con modificaciones para eliminar el término “entidades federativas” de la redacción original; de esta forma, los integrantes de la Primera Comisión avalaron que, con base en los compromisos que se asumieron en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entregue un informe detallado sobre los avances en materia de depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Asimismo, el informe que se remita al Congreso deberá contener la información relativa a la creación e instrumentación de centros de evaluación y control de confianza del personal de instituciones policiales, procuración de justicia y centros de readaptación social estatales y la modernización de los mecanismos de selección y capacitación del personal estatal en estas instituciones.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública también deberá informar sobre el monto de recursos incrementados, asignados y reasignados en los presupuestos estatales, específicamente para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia, a fin de optimizar el ejercicio de los recursos e infraestructura en materia de seguridad pública, así como sobre el diseño e implementación de reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes en los presupuestos estatales.
El informe deberá contener datos detallados sobre el esquema del sistema nacional de desarrollo policial y la certificación de confianza de ministerios públicos y sobre las unidades estatales especializadas en combate al secuestro creadas a partir de la firma del Acuerdo.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar sobre la incorporación al Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México y al actualización de bases de datos de vehículos, licencias de conducir, policías, ex policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos y registro de armamento.
Además, tendrá que informar sobre la puesta en práctica del Informe Policial Homologado y la generación de mapas geodelictivos; el diseño y elaboración de indicadores de evaluación y seguimiento para el desempeño de las instituciones policíacas y de procuración de justicia estatales; y la creación e instrumentación de un sistema de información pública estatal sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de los recursos públicos en materia de seguridad y procuración de justicia, que incluya mecanismos de observación ciudadana.
Respecto del segundo punto de acuerdo avalado para que se someta a votación en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente, la senadora panista Minerva Hernández Ramos pidió respetar la redacción original de la proposición de su correligionario Alfredo Rodríguez y Pacheco.
La propuesta original planteaba solicitar al gobierno de Yucatán la realización de una investigación “exhaustiva, a fondo e imparcial, respecto a los servidores públicos involucrados en el presunto delito de peculado en relación con el pago de facturas apócrifas a diversos proveedores de distintas dependencias estatales”.
Sin embargo, los integrantes de la Primera Comisión aprobaron “remitir a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán la proposición con punto de acuerdo relativa al presunto pago de facturas apócrifas a diversos proveedores de distintas dependencias estatales, para los efectos legales a que haya lugar”.