Es urgente que el Gobierno federal implemente acciones para terminar con los secuestros de funcionarios de PEMEX que se registran en los estados de Tabasco y Chiapas e impedir que actos delictivos afecten la actividad de la paraestatal en la Cuenca de Burgos.
Así lo expresó el senador Francisco Huerta León, al prsentar un punto de acuerdo apoyado por sus colegas Adolfo Toledo Infanzón, Alejandro Moreno Cárdenas, Guadalupe Fonz Sáenz y María Elena Orantes López, en el que solicita que a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), se rinda un informe pormenorizado sobre las investigaciones y los datos que se tienen al respecto para consignar a los responsables de dichos ilícitos.
Dijo que de acuerdo con fuentes oficiales, hay tres bandas dedicadas al secuestro de petroleros, de las cuales destaca una presuntamente integrada por miembros de “Los Zetas”, a la que se le imputa el haber perpetrado el 90% de los plagios en territorio chiapaneco.
El legislador por Tabasco explicó que debido a la atmosfera de violencia que se vive en la Cuenca de Burgos, Tamaulipas, se pierde la oportunidad de extraer 150 millones de pies cúbicos de gas natural, según datos ofrecidos por el director de PEMEX Exploración y Producción.
“Lo que se pierde actualmente equivale al uno por ciento de la producción nacional de ese hidrocarburo y a 160 mil dólares diarios”, precisó.
Herrera León señaló que sin importar su rango, los funcionarios de PEMEX se han convertido en blanco de las actividades del crimen organizado, ya que en los últimos meses se reportó el secuestro de al menos siete trabajadores de la paraestatal.
Indicó que los funcionarios que han recuperado su libertad mediante el pago del rescate viven amedrentados por lo ocurrido y que decenas de funcionarios son amenazados, lo cual ha causado inestabilidad laboral y miedo a denunciar ante las autoridades.
Francisco Herrera León concluyó que, “este tipo de acontecimientos viene de meses atrás y la situación, lejos de mejorar, pareciera que se agrava, por lo que el Gobierno federal debe de garantizar la seguridad de los trabajadores de PEMEX”.