El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó este miércoles la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la primera iniciativa de trámite preferente que envió al Congreso de la Unión.
En el evento, realizado en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, y acompañado por su esposa, Angélica Rivera de Peña, el Primer Mandatario señaló que “el Gobierno de la República trabaja con decisión y compromiso para lograr una mayor protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, tal y como lo obliga nuestra Constitución”.
“Seguiremos trabajando para que en todo el territorio nacional cada menor goce de una buena alimentación y tenga acceso a servicios de salud, que vaya a la escuela y reciba una educación de mayor calidad; que tenga una vida libre de violencia y discriminación para garantizar su desarrollo y sano esparcimiento”, subrayó.
Afirmó que si queremos un México libre de violencia, es imprescindible que nuestros niños y adolescentes crezcan en entornos de respeto, paz y armonía. “De la formación que reciban nuestros menores, dependerá que mañana tengamos una mejor sociedad. Las niñas, niños y adolescentes sanos, alegres y preparados de hoy, serán los ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos del futuro. Ellas y ellos son la mejor esperanza de un mejor México”, apuntó.
El Presidente Peña Nieto aseguró que “por todos sus avances, las figuras que reconoce, y por los beneficios que traerá su aplicación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una norma jurídica de especial relevancia social”.
Refrendó su “más firme compromiso con los derechos humanos, que son indispensables para que nuestra sociedad viva en armonía y se desarrolle a plenitud en todos los órdenes de la vida social”.
“Se trata de fortalecer el Estado de Derecho en todo el país y de sentar las bases para un mejor futuro como sociedad. Por experiencia y por historia, los mexicanos sabemos que el progreso y la paz social sólo son posibles con respeto al Estado de Derecho. El respeto a los derechos humanos, a la ley y a las instituciones son los instrumentos con los que cuenta nuestra democracia para seguir creciendo y consolidándose”, puntualizó.
El Titular del Ejecutivo Federal mencionó que la Ley promulgada hoy, establece los principios y los criterios que deben orientar la política nacional en esta materia. Indicó que los aspectos más trascendentes de este nuevo ordenamiento jurídico pueden dividirse en tres grandes rubros:
PRIMERO: Se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de un amplio catálogo enunciativo de derechos. Entre ellos destaca el derecho a la igualdad sustantiva; esto significa que todos los menores deben gozar del mismo trato, derechos y oportunidades. En consecuencia, se fortalecen también las medidas de protección a los menores con discapacidad.
“El derecho a la salud gratuita y de calidad, que incluye de manera destacada el acceso a asesorías y orientación sobre salud sexual y reproductiva. El derecho a la educación de calidad, en congruencia con la Reforma Constitucional en esta materia y que garantice su pleno desarrollo. El derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación; este aspecto es valioso, pues se reconoce el uso de la banda ancha e internet como instrumentos necesarios para que niños y jóvenes interactúen con éxito en el siglo XXI.
“También incluye el derecho a la participación. La voz y las ideas de los menores en México deben ser escuchadas y tomadas en consideración, respecto a asuntos que sean de su interés, conforme a su edad y desarrollo. Además, se amplían los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, para brindar una mayor protección y asegurar su integridad. Se establece que corresponderá al DIF Nacional y a los estatales, el alojamiento de menores migrantes, mientras se determina su condición migratoria”.
SEGUNDO: El segundo rubro de este nuevo ordenamiento corresponde al fortalecimiento institucional necesario para hacer efectivos los derechos de los menores. Explicó que sería insuficiente solamente enunciar derechos inherentes de niñas, niños y adolescentes y no fortalecer a las instituciones del Estado mexicano para que estén en aptitud y en capacidad de hacer realidad estos derechos.
“Esta ley crea nuevas instituciones y fortalece las ya existentes. Por ejemplo, prevé la transición hacia un sistema nacional de protección integral, que será encabezado por el propio Titular del Ejecutivo Federal y que contará con representación de la sociedad civil. De igual forma, establece que la Secretaría Ejecutiva de este sistema sea un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, responsable de la coordinación operativa. A efecto de garantizar la protección integral coordinada de los derechos, en cada entidad federativa y municipio se creará e instalará un Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“También se crean a nivel federal y estatal, Procuradurías de Protección que coordinarán el trabajo conjunto de las autoridades para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de los menores. Un hecho a destacar es que por primera vez se regulan los Centros de Asistencia Social, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de integridad, seguridad y bienestar de las niñas, niños y adolescentes que ahí se atienden”.
TERCER RUBRO: Es la colaboración y coordinación entre órdenes de Gobierno y organismos autónomos.
“La ley incorpora un capítulo específico que distribuye competencias entre la Federación, estados y municipios. En esta materia, se obliga a los tres órdenes de Gobierno a que incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos para dar cumplimiento a la legislación que hoy estoy promulgando”.
“Respecto a los órganos autónomos, destaca la facultad otorgada al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para evaluar la pertinencia de la política de desarrollo social en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ello contribuirá a que las acciones y esfuerzos gubernamentales tengan un enfoque estratégico en las áreas de mayor prioridad.
“Igualmente se obliga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las Comisiones estatales a contar con áreas especializadas para la protección de los derechos de los menores”.