Con el fin de dar mejor seguimiento a la aplicación de programas sociales, el senador Raúl Morón Orozco propuso facilitar la denuncia ciudadana sobre irregularidades mediante el uso de Internet o el teléfono.
“En la implementación de programas y dotación de recursos, es la sociedad quien detecta actos que no se apegan a los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, y es el principal interesado en que se sancione a las autoridades responsables de dichas acciones”, argumento.
Mediante una iniciativa para modificar los artículos 67 y 68 de la Ley General de Desarrollo Social, el legislador por Michoacán pretende acercar la denuncia a la ciudadanía como una herramienta para mejorar el control de los recursos otorgados a los programas sociales y generar confianza en los mismos.
La denuncia ciudadana ya está contemplada en la Ley General de Desarrollo Social, no obstante, señaló el senador, la regulación es limitada ya que la denuncia sólo se puede presentar por escrito y cumpliendo requisitos muy estrictos.
Por esa razón, Raúl Morón propuso modificar los artículos 67 y 68 de la Ley General de Desarrollo Social para ampliar los medios para presentar la denuncia popular, a fin de que se pueda hacer también por teléfono, por lo que la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, deberá contar con un número gratuito.
En el documento presentado establece que la Sedesol deberá también publicar en internet un formato en español y en diferentes lenguas indígenas para poder hacer la denuncia por medios electrónicos.
El michoacano también propuso la posibilidad de facultar a la autoridad para iniciar una investigación administrativa de oficio, “cuando se trate de hechos que generen impacto social y que se conozcan de manera pública, bien por los medios de comunicación o por algún comunicado o exhorto”.
La iniciativa también propone modificar los requisitos para presentar la denuncia, de manera de que si el denunciante no cuenta con datos para identificar al funcionario infractor, la denuncia será admitida con la condición de que se logre la identificación en la investigación de los hechos.
Finalmente, se propone conservar el secreto de identidad del denunciante, por razones de seguridad e interés particular, dando seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.
“Adecuar los ordenamientos legales que permitan dar certeza jurídica a los derechos que deben prevalecer en los beneficiarios del desarrollo social, es una condición ineludible para acceder a un servicio público de calidad, con ética política y con responsabilidad social”, mencionó el senador.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.