El senador Jesús Romero Casillas demandó que los mexicanos que no cumplan con sus obligaciones militares no puedan prestar servicios remunerados como funcionarios públicos en cualquier orden de gobierno, pues esto representa “una falta a los deberes ciudadanos”.
Además, consideró necesario suprimir la obligación de patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y personas morales o físicas de exigir el cumplimiento del servicio militar, ya que esta disposición “resulta inaplicable, inconducente y anacrónica”.
Dijo que más que una obligación, cumplir con el servicio de armas, “debe ser considerado como una oportunidad de servicio a la patria, la cual atañe directamente a cada ciudadano, en una relación directa y personal”.
De ahí que trasladar a terceros esta responsabilidad “es anacrónica” porque está a cargo de personas adultas y dueñas de sus actos, de 18 años en adelante, sin impedimento alguno, cuyo cumplimiento no puede depender de la voluntad ajena, como lo establece el artículo 19 de la Ley del Servicio Militar.
En su momento histórico, enfatizó, este dispositivo legal tuvo su razón de ser, puesto que era ineludible constituir las reservas militares necesarias para una eventual defensa de la nación, dada la fecha en la que se concibió, pero es evidente que se ha convertido en “letra muerta”.
Sin embargo, resaltó, esta responsabilidad “sigue siendo una obligación de los ciudadanos, que independientemente de terceras personas, debe ser prestado en favor de la patria y su incumplimiento tiene que considerarse como impedimento para prestar servicios retribuidos por el Estado”.
Por ello, presentó una iniciativa para modificar el artículo 19 de la Ley del Servicio, a fin de eliminar la actual hipótesis de involucrar a terceros en el cumplimiento de los deberes militares y evitar que quien no cumpla no pueda prestar servicios retribuidos al Estado.