El Pleno del Senado aprobó un dictamen que busca transparentar los recursos y dar una mayor fortaleza al Seguro Popular, ya que representa una parte significativa de mexicanos que están afiliados a este sistema de salud.
La senadora María Elena Barrera Tapia comentó que el 23 de octubre del año pasado se recibió de la Cámara de Diputados la minuta la cual tuvo origen en el Poder Ejecutivo Federal.
El documento señala que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, deberán financiar y coordinar la prestación de servicios de salud. También precisa las responsabilidades del Ejecutivo Federal y de los gobiernos de los estados en la coordinación, planeación, operación y fiscalización de las acciones en la materia, expresó.
Por otra parte, dijo, el dictamen determina que los acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud deberán incluir como mínimo las modalidades orgánicas y funcionales de los regímenes; los conceptos de gastos; el destino de los recursos; los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral del Sistema, y el perfil que los titulares de los regímenes deberán cubrir.
A su vez define las bases a las que se sujetarán los regímenes y establece que el incumplimiento de un Estado, en el pago por la prestación de servicios, la Secretaría de Salud (SSA) destinará a la entidad acreedora el monto de los casos validados, cuyos recursos provendrá de los correspondientes a la entidad deudora, indicó.
La legisladora señaló que el texto también expresa que la transparencia de recursos a los estados podrá ser ennumerario, mediante depósitos en las cuentas que los regímenes instauren en la Tesorería de la Federación o en especie.
Mencionó que instaura que los recursos del Sistema estarán sujetos a supervisión a fin de verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia de salud.
Destacó Barrera Tapia desaparece el Consejo Nacional de Protección Social en Salud, y atribuye al titular de la SSA la facultad de proponer al candidato a presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud.
Por último el dictamen propone una pena de 4 a 7 años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo a quien desvíe los recursos transferidos al Sistema.
Sin embargo, la senadora subrayó que las Comisiones Dictaminadoras realizaron tres modificaciones al proyecto con el fin de afinar que la SSA tomará en consideración la opinión de los estados cuando ésta instaure el modelo nacional al que se sujetarán los acuerdos de coordinación para la ejecución del mismo sistema entre la Secretaría y las entidades federativas.
La otra modificación precisa que los recursos que se transfieran en especie, se acordarán en el anexo correspondiente. También que la SSA deberá establecer los precios de referencia a los que se deberán sujetar los estados que reciban los recursos en numerario para la adquisición de medicamentos.
“Con ello, tanto la federación como los estados, estarán en común acuerdo para la transparencia en especie y se definirá un límite para la adquisición de medicamentos, beneficiando el funcionamiento del propio sistema y directamente al mismo paciente”, comentó.
El último de los cambios refiere a que cuando algún estado no haya comprobado que los recursos que se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de esta situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción correspondiente.
“Al respecto las Comisiones Dictaminadoras agregamos que independientemente del supuesto anterior, no se suspenderá en ningún momento, de forma parcial o total, los servicios de salud a la persona que lo necesite. Con ello se respeta el derecho de todos a la salud”, finalizó la legisladora.