A través de un punto de acuerdo, la senadora panista Minerva Hernández Ramos exigió al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, que utilice el diálogo y no a la represión para resolver los conflictos sociales de esa entidad.
La Legisladora explicó que su demanda se debe a las detenciones de 88 elementos policiales estatales acusados de los presuntos delitos de robo y coalición, así como a los presuntos homicidios perpetrados en contra de elementos de seguridad pública, por haberse manifestado frente al Palacio de Gobierno, en demanda de mejoras salariales.
“A seis meses de haber iniciado la administración del gobierno del estado de Tlaxcala se ha vuelto costumbre observar cotidianamente por las calles marchas y manifestaciones de diversos sectores de la sociedad tlaxcalteca: lo mismo campesinos que estudiantes, adultos mayores, transportistas, servidores públicos y elementos de seguridad pública.
“En este último caso hubo necesidad de recurrir al apoyo del Gobierno Federal para enfrentar el problema, al verse las autoridades locales rebasadas por las circunstancias; del resultado de estos actos de protesta hoy se percibe un gobierno estatal intolerante y coartante de la libertad de expresión, autoritario y represivo”, expuso.
Hernández Ramos señaló que es más grave aún que el mandatario estatal otorgue mayor prioridad al proselitismo político que a resolver los conflictos en Tlaxcala, “pues mientras el pasado 26 de junio en la entidad había caos y temor de los ciudadanos por su seguridad, el Gobernador se encontraba en el Estado de México en un acto de carácter político, incurriendo no sólo en irresponsabilidad, sino también en incumplimiento a la Constitución del estado de Tlaxcala”.
Ante estos acontecimientos, subrayó, los tlaxcaltecas exigimos que se esclarezcan los presuntos homicidios perpetrados en contra de elementos de seguridad pública que participaron en estas protestas.
“No comprendemos cómo el Ejecutivo estatal pretende implementar un Plan Estatal de Gobierno cuando, a pocos días de haberlo dado a conocer, se violan por él sus propias disposiciones, pues con estos dispositivos observamos que no existe prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, la preservación del orden jurídico y una solución a la crisis de seguridad pública que hoy se vive en el estado.
“Por ello, exhortamos a las autoridades locales para que asuman sus responsabilidades en el ámbito de su competencia, se investigue y se castigue a los responsables porque no permitiremos que prevalezca la impunidad en Tlaxcala”, concluyó la Senadora de Acción Nacional.