Al inaugurar el Foro Nacional “Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal”, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en los últimos años se ha actualizado el marco legal e institucional en favor del respeto y la protección de los derechos de las víctimas. Este cambio de fondo, añadió, se sostiene en tres grandes avances jurídicos: la transición hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio; la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos; y la Ley General de Víctimas, promulgada en enero de 2013.
“Queremos un México de orden, de seguridad; un México en el que no haya corrupción y en el que no haya impunidad; es decir, que se sancione a todo aquel que cometa un delito”, aseguró.
Expresó que “pocas cosas pueden ofender tanto a una persona como el hecho de que, después de aguantar la indiferencia de servidores públicos, las largas esperas y el abrumador papeleo, su agresor quede, lamentablemente, en libertad”.
Por ello, resaltó la importancia de este Foro “que hoy convoca a ciudadanos, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, a medios de comunicación y a autoridades estatales y federales, quienes compartimos un compromiso esencial: mejorar la justicia en México”.
Destacó que “un paso necesario para lograrlo es asegurar la equidad en el debido proceso penal, que las víctimas no estén en desventaja frente a los inculpados; es decir, frente aquellos que son acusados de haber sido los que cometieron un delito”.
En el evento, el Presidente de la República externó su reconocimiento a la señora Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro; y a Alejandro Martí García, Fundador y Presidente de México S.O.S, quienes no obstante los episodios de tragedia que cambiaron sus vidas “han asumido una actitud constructiva y propositiva para hacer de su propia experiencia y tragedia, un espacio para convocar a todo aquello que nos permita mejorar las instituciones encargadas de seguridad, de procuración y de administración de justicia”.
El Primer Mandatario refirió que si bien es cierto que ha habido avances en la disminución de varios de los delitos que asolaban a nuestro país, particularmente los homicidios, “no estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado”.
Señaló que en la comisión de homicidios en el país es “donde de manera más significativa y sensible está habiendo una reducción”. Añadió que en los secuestros y en las extorsiones también ha habido disminución “a partir de instrumentar acciones específicas para evitar que, desde las prisiones, se cometan este tipo de delitos”.
El Presidente Peña Nieto explicó que en la transición hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio “se estableció, por primera vez, el derecho de las víctimas a recibir asistencia jurídica especializada, a contar con atención médica y psicológica, a intervenir en el proceso de investigación y juicio, y a que se le repare el daño”.
“Este es el anhelo; éste es el mandato que está en nuestra Constitución, en el marco de este sistema”, agregó.
Indicó que el Sistema Penal Acusatorio Oral prevé que se asegure la efectiva justicia y que hayan procesos muchos más rápidos y expeditos. Resaltó que la adecuada implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal “es un tema prioritario de la agenda nacional de seguridad y justicia. En las entidades federativas y a nivel federal estamos trabajando para lograr su instrumentación en todo el país a más tardar en junio del 2016, como lo prevé y mandata nuestra Constitución”.
El Titular del Ejecutivo Federal destacó, además, que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales opera ya a nivel estatal en 20 entidades federativas, y desde noviembre pasado empezó a operar a nivel federal en los estados de Puebla y Durango.
Aseveró que con un Código Nacional de Procedimientos Penales se tiene “un mismo proceso, un mismo procedimiento, mismas normas que regulen el proceso que se sigue a cualquier inculpado y de cualquier víctima; que sea homogéneo, que sea igual, idéntico en todo el país, y con ello evitar las distorsiones que generaba tener distintas reglas, de las que a veces se valían los inculpados para evadir la justicia”.
Dijo que “igualmente es útil la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aprobada en diciembre, así como la Reforma en Materia de Justicia para Adolescentes”.
El Presidente Peña Nieto mencionó que otro avance jurídico en favor de las víctimas es la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos. “Con este cambio de fondo, la legislación nacional se puso en sintonía con los estándares internacionales en esta materia”, puntualizó.
Agregó que “para las víctimas esto significa poder hacer valer los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos”. En esta reforma, continuó, “también se estableció la obligación de toda autoridad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.
Subrayó que un tercer avance en la materia, anunciado desde el inicio de la Administración, es la Ley General de Víctimas. “Esta legislación establece un reconocimiento amplio a los derechos de las personas afectadas por el delito o por violaciones a sus derechos humanos. En ella se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a recibir ayuda, asistencia, atención por parte del Estado, así como a ser tratadas con respeto y dignidad”, refirió.
“Se establece el derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, a ser informados del proceso penal en contra de sus agresores, así como a que se le repare el daño, entre otros”, explicó.
El Primer Mandatario comprometió que las conclusiones de este Foro Nacional serán recogidas “y a partir de ahí, emprender iniciativas de ley al Congreso de la Unión que nos permitan mejorar el sistema de justicia que hoy tenemos y en el que estamos en proceso de implementar mejoras”. Es claro, dijo, “que los ordenamientos jurídicos, nuestras leyes, son perfectibles; no son letra última, y todos estos foros permiten enriquecer no sólo iniciativas que mejoren los ordenamientos legales, las leyes que tiene nuestro país, sino también tomar acción a partir de políticas públicas que no pasan por el Legislativo, pero que las distintas autoridades del orden federal, estatal y municipales podemos emprender sin esperar a que haya cambios de ley”.
Recordó que el pasado 27 de noviembre dio a conocer que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizará foros de discusión para definir un paquete de iniciativas que permitan mejorar la justicia cotidiana, “la del día a día, la que implica dirimir diferencias y conflictos en el orden familiar, mercantil, civil, y que son los que tienen mayor demanda, en donde la sociedad espera de los órganos encargados de procuración y de administración de justicia que se dicte justicia rápida, pronta, expedita”.