En México se trafican 10 mil mujeres al año con fines de explotación sexual, de las cuales cinco mil son trasladadas a Estados Unidos y Canadá aseguró Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas de la cámara de diputados.
Añadió, en base a investigaciones fundamentadas, que los estados con mayor incidencia de mujeres traficadas son Guerrero, Chiapas, Oaxaca Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo y dijo que los principales puntos de destino son Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.
La legisladora presentó el libro “Perspectivas del tráfico de personas en México. Un análisis de las entidades federativas”, y recordó que en tres ocasiones la Comisión que preside remitió oficios a los candidatos presidenciales para “conocer qué van a hacer para resolver un delito que se ha convertido en el segundo negocio de la delincuencia”. Precisó que el libro presentado en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, da una mejor visión de lo que se vive en cada una de las entidades en materia de trata y tráfico de personas.
Hizo un reconocimiento a los procuradores de justicia de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y Puebla, donde actualmente sí se han llevado a cabo operativos y hay sentencias en la materia.
Detalló la diputada que Baja California es un punto rojo para el tráfico de personas, así como de origen, tránsito y destino. La mayoría que provienen del extranjero son de Centroamérica; las ciudades de incidencia son Mexicali y Tijuana, donde hay un gran mercado sexual y de pornografía infantil con conexiones internacionales.
Mencionó que en Chiapas la pobreza y falta de educación hacen que sea la entidad de mayor problemática respecto de la trata y tráfico de personas, además de que cuenta con alta intensidad migratoria. Tan sólo de 2002 a 2010 fueron asesinadas en Chiapas 874 mujeres.
Subrayó que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), detectó que en 2008 había 40 bandas involucradas en la trata de personas, con presencia en 17 entidades del país.
Rosi Orozco puntualizó que en los últimos años en el Distrito Federal se ha visto que el principal delito en materia de trata y tráfico es la explotación sexual de mujeres y niñas. Hay cinco mil en la zona de la Merced y en terminales de autobuses, y se calcula existen 250 mil mujeres, niñas y niños siendo explotados; de esa cifra, el 88 por ciento provienen de otras partes del país.
Agregó que hay 251 víctimas rescatadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 178 mayores de edad y 73 menores; existen 14 sentencias donde hay 30 personas procesadas; ha habido 36 operativos, 9 cateos y 18 bienes inmuebles asegurados.
“Esperamos que los jueces sean sensibles para la extinción del dominio, ya que es una manera buena para lograr inhibir esas bandas que han hecho del dolor de niñas, niños y jóvenes sus fortunas. Pedimos a los jueces que cada uno de estos bienes incautados realmente lleguen al término de extinción de dominio”, abundó.
El Estado de México, manifestó, es una de las entidades en las que se ha visibilizado el tráfico de personas, sin embargo, “no se tienen documentadas las zonas y las formas de trata que se gestan ahí”.
De acuerdo con la UNICEF-2008, resaltó, el Estado de México formaba parte de las 17 entidades de origen para el tráfico de personas. En tanto, el INACIPE afirmó que es uno de los principales sitios de turismo sexual en el territorio nacional.
Puebla es una entidad de origen, tránsito y destino con alto índice de corrupción gubernamental; también operan las redes de trata y tráfico –llamado Divas-, por lo que forma parte de los 17 estados registrados como lugares de origen para el tráfico de personas que son llevadas a otras partes del país o a Estados Unidos.
La Comisión Especial, enfatizó, ha puesto especial atención en la problemática que existe en cada estado, pues se han escuchado a más de 108 víctimas, y como resultado se logró la aprobación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos.
En tanto, Arun Kumar Acharya, profesor del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y autor del libro, detalló que la trata de personas es una nueva forma de esclavitud y denigra al ser humano.
Mencionó que en el mundo cerca de siete millones de personas son engañadas, vendidas, reclutadas, sufren abusos, discriminadas y explotadas por parte de criminales.
Kumar Acharya argumentó que conforme a sus investigaciones, 23 de los 31 estados del país y el Distrito Federal no cuentan con una legislación o política para atender esta situación; diez mil mujeres son traficadas a seis ciudades del país (Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana), de las cuales, entre 70 y 75 por ciento son menores de edad.
Resaltó que en México de cada diez mujeres traficadas siete son vendidas en el interior del país y tres son llevadas al extranjero. Muchas provienen de ciudades rurales y pequeñas; de familias desintegradas; sin acceso a la educación, empleo y oportunidades.
“Esta situación de vulnerabilidad las empuja a esta red de tráfico; son engañadas con promesas falsas; los tratantes son del círculo más cercano de la víctima, como son novios, amigos y familiares”, apuntó.
Francisco de Jesús Gómez Ontiveros, coautor del libro y miembro del proyecto CONACYT-CB-2007/83065, expresó que la nueva Ley de Trata de Personas es integral, “ya todos somos parte de la problemática; no sólo es responsabilidad del gobierno federal, del estatal o del municipal, sino de todos los niveles”.
Agregó que con este nuevo ordenamiento no se resolverá todo, pero representa un avance sustancial en la materia. El trabajo de la política pública en México, dijo, es ineficiente, ya que cada testimonio de trata de personas es diferente.
“Si los candidatos –presidenciales, a diputados y senadores, presidentes municipales y gobernadores- no se están comprometiendo con uno de los fenómenos más negros, la pregunta sería a qué lo están con la sociedad civil y qué sensibilidad demuestran”, afirmó.
Del Centro de Estudios Mexicana de Migración y de Trata de Personas (CEMMTRAP), su coordinador de divulgación, comunicación y vinculación, José Ángel Alvarado del Toro, argumentó que el libro ofrece información actualizada, fresca y consistente en la materia, para generar propuestas de política pública para la reducción de la problemática.
El libro “Perspectivas del tráfico de personas en México. Un análisis de las entidades federativas”, es una obra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Centro de Estudios Mexicana de Migración y de Trata de Personas (CEMMTRAP), y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.