Habrá denuncias
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, entregó a diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, en el que se propone modificar el marco legal para un mejor desempeño del gasto público, y refiere mil 413 auditorías con la emisión de 10 mil 861 acciones.
Portal Martínez puntualizó que en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF recuperó 5 mil 804 millones de pesos, cifra que podría elevarse durante el proceso de solventación de las acciones relativas a las “recuperaciones probables”, que ascienden a 50 mil 721 millones de pesos.
Recordó que en años anteriores se ha logrado recobrar un promedio de 22 por ciento del total de las recuperaciones determinadas, que en este caso equivaldrían a 12 mil 435 millones de pesos.
Ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Portal Martínez anunció un nuevo formato en el Informe de la Cuenta Pública 2013, con el propósito de que sea “de mayor utilidad y aplicabilidad práctica” para los legisladores y ciudadanos, y se comprenda claramente la gestión de los recursos públicos por parte de los distintos ámbitos gubernamentales, además de reflejar la fiscalización.
Informó que del total de las mil 413 auditorías, 877 son de cumplimiento financiero; 525 de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 3 estudios.
Derivado de la fiscalización practicada, detalló, se emitieron 10 mil 861 acciones de las cuales 6 mil 902 son recomendaciones; 783 se refieren a solicitudes de aclaración; 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.
Sostuvo que las denuncias de hechos relativas a ese ejercicio se presentarán, conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuando se tengan los elementos para tal efecto y como lo ha hecho la ASF en años anteriores.
Aseguró que este proceso es permanente y la información se hará pública a través del Sistema Público de Consulta de Auditorías y la página web de la ASF.
De las auditorías practicadas, precisó que se establecen tres tipos de riesgos: los estratégicos, los vinculados a la rendición de cuentas y transparencia, y los de operación.
Además, de 13 áreas de riesgo de mayor impacto y representatividad en el sector público, entre las que encuentran la integridad gubernamental; cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos; rendición de cuentas en las entidades federativas; padrón de beneficiarios de los programas sociales.
También, la revelación de pasivos y gasto; adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado; proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento; participación de intermediarios en la dispersión del gasto público; subejercicios; incorporación de Tecnologías de Información en el ejercicio gubernamental; programas públicos duplicados, sin coordinación o injustificados, y servicios suministrados por particulares.
Portal Martínez resaltó la necesidad de avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, concebido a partir de distintos mecanismos de coordinación, intercambio de información y ejecución de acciones conjuntas entre las instituciones fiscalizadoras y los órganos internos de control de los entes auditados en todo el país.
En este sentido, hizo votos por que los vínculos de la ASF con la Secretaría de la Función Pública se reafirmen en la nueva etapa de su programa preventivo de labores.
Subrayó que se requiere que este sistema “trascienda la acción de ser un mero marco teórico o normativo y se convierta en un elemento constitutivo de la programación y planeación de auditorías, así como de la atención conjunta de distintas instituciones a un problema específico”.
Apuntó que el Sistema Nacional de Fiscalización, en construcción y operación parcial desde hace cinco años, debe ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como un subsistema cuyos insumos resultan de un gran valor para la contención y la disuasión de actos irregulares. Este aporte simplemente no puede ser omitido en el diseño de una estrategia de mayor alcance: Transformar paradigmas éticos y morales de funcionarios públicos