Por la brutal corrupción
Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reconoció que en México se percibe profundo el clima de descontento entre ciudadanos y gobierno y por ello considera que el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser la estrategia con visión de Estado y enfoque multifactorial que permita conjugar esfuerzos que abatan la corrupción, vinculados con la rendición de cuentas.
Destacó que ese sistema nacional se va a materializar a través de todo el andamiaje jurídico de leyes secundarias, que el Congreso deberá aprobar a más tardar en mayo del presente año.
Al participar en el foro “Retos y Alcances de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, organizado en la Cámara de Diputados, Andrade Martínez señaló que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el marco secundario, la ASF podrá iniciar la fiscalización de la Cuenta Pública el 1 de enero del año siguiente al cierre del ejercicio.
En la Mesa de Transparencia, dijo que con la reforma materializada, la ASF emitirá informes previos fortaleciendo la fiscalización, lo cual permitirá que los legisladores tengan información más oportuna, a fin de que tomen decisiones presupuestarias y de política pública, ya que podrán conocer los resultados de manera inmediata.
Además, no habrá una limitación en la actuación de la ASF para fiscalizar, como actualmente sucede, por los principios de anualidad y posterioridad, que están eliminados. Tampoco la tendrá para revisar asuntos y ejercicios fiscales anteriores que no hayan sido evaluados y que exista una inquietud nacional sobre los resultados de los mismos.
A más tardar el 27 de mayo del presente año tiene que aprobarse el marco secundario a la reforma constitucional en materia de transparencia, que incluye cinco ordenamientos: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades, la ley que regule la organización y competencia de la ASF, la ley que instituye el Tribunal de Justicia Administrativa y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respecto a la Secretaría de la Función Pública.
Además, dos leyes generales, la que regula el Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades, por lo que el actual periodo ordinario de sesiones será muy importante para que el Congreso las dictamine, consideró.
El funcionario de la ASF sostuvo que a través de este modelo se aborda el complejo problema de la corrupción, con una visión integral entre las instituciones, a fin de establecer distintos esquemas que permitan una solución holística, donde se enmarca también el Sistema Nacional de Transparencia.
A pregunta de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García sobre las denuncias de hechos de la ASF, el porcentaje que se consigna y cómo cambiará esta función en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, Andrade Martínez apuntó que el máximo órgano fiscalizador se vincula con la Procuraduría General de la República (PGR), para trabajar conjuntamente en el desahogo de presuntos casos de actividades irregulares.
Indicó que en los últimos años han aumentado las denuncias penales históricas presentadas a más de 600; cerca del 90 por ciento están en trámite de investigación por la PGR. El mayor número se ha presentado en últimas fechas. El propósito es que ambas instituciones consignen los asuntos y los jueces libren las órdenes de aprehensión correspondiente.
En el futuro, con el Sistema Nacional Anticorrupción, todo aquello que implique un delito de corrupción será tipificado y se presentará ante la Fiscalía encargada de realizar investigación. “Hay un cambio de esquemas hacia adelante, y habrá una instancia que atienda los casos de corrupción que integrará los expedientes”, explicó.