José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo que la reforma constitucional que garantiza a los mexicanos el goce de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna, y aquellos contenidos en cualquier tratado internacional celebrado por el Estado mexicano, es una modificación de gran relevancia para la vida nacional.
Al participar en el coloquio “Globalización, crisis y más allá: por un México social”, organizado por la UNAM, recordó que todas las autoridades del país están obligadas a proteger, garantizar, respetar y salvaguardar los derechos humanos. “Con estas características se logra un marco nuevo, completo y complejo”, enfatizó en magistral conferencia.
Así, explicó, es posible que en los tribunales las personas soliciten a los jueces el reconocimiento de la jerarquía superior de la Constitución o los acuerdos internacionales, e invaliden normas y obliguen al otorgamiento de diversas prestaciones materiales que estas garantías pudieran implicar.
Las modificaciones referidas plantean que los obstáculos materiales o presupuestales no pueden considerarse como argumentos para evitar su cumplimiento.
Cossío Díaz resaltó que las decisiones de la Corte sólo atañen al respeto de los derechos humanos y no a la disponibilidad de los recursos para garantizarlos. En este sentido, la enmienda reciente es una palanca fundamental para generar mecanismos útiles encaminados a paliar las desigualdades económicas en México.
Para accionarla y generar litigios más claros en este ámbito, es necesario que la sociedad civil se apropie del modelo y lo ejerza, lo que podría tener, incluso, un efecto redistributivo, añadió.