La Cámara de Senadores aprobó establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial que esta dependencia sea la encargada de investigar y castigar los delitos cometidos contra servidores públicos y demás funcionarios de la Federación.
El senador Pablo Gómez recordó que en septiembre de este año fue asesinado el diputado federal del PRI, Moisés Villanueva de la Luz, lo cual generó un problema entre la Procuraduría de Guerrero y el Ministerio Público de la Federación sobre a quién correspondía la averiguación, esclarecimiento del delito y la eventual consignación de los responsables, esto debido a la falta de claridad de la ley correspondiente.
Por ello, el dictamen aprobado por el Pleno del Senado de la República reforma el inciso G del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para establecer que los jueces federales penales conocerán de los delitos cometidos en contra de un servidor público o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como contra el Presidente de la República, secretarios del despacho, procurador General de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión; ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal.
Además de miembros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, directores o miembros de las Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los organismos descentralizados.
Pablo Gómez comentó que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que es delito federal el que se comete contra un servidor público o un empleado federal en el ejercicio de su función o con motivo de la misma, como una represalia, agresión o secuestro; esto sin importar el motivo por el que se cometió el delito.
Por otra parte, el legislador criticó que esta iniciativa haya estado “congelada” en el Senado durante 10 años, pues él la presentó, en su calidad de diputado federal, el 18 de noviembre de 1999, y fue aprobada el 28 de abril de 2000 en la Cámara de Diputados.
“Esto nos lleva a pensar que el diálogo entre las cámaras del Congreso está atrofiado, que existen muchas decenas de proyectos en una y en otra cámara que no se revisan, que pasan los años y las cosas siguen igual, por lo que esta práctica es evidentemente inconstitucional”, concluyó.