De acuerdo con cifras oficiales, en el primer trimestre de 2012, la inversión extranjera registró una baja del 31 por ciento, comparada con el 2011; por otra parte, México cayó dos lugares como “país atractivo” para inversión.
Por ello, los diputados federales José Luis Jaime Correa y Víctor Castro Cosío propusieron que la Comisión Permanente exhorte a los nuevos integrantes del Congreso de la Unión, para que impulsen un plan de recuperación sostenido del poder adquisitivo de los sueldos.
En el documento se destaca que con independencia de la reforma laboral integral que la próxima legislatura deberá impulsar, es necesario revisar la actual situación del salario mínimo, así como crear un seguro nacional de desempleo, como elementos básicos para alcanzar una solución profunda de la crisis social y económica que vive el país.
Señala que la reforma laboral es sumamente debatida y puede llevar un tiempo prolongado su aprobación, o finalmente no llevarse a cabo, razón por la que no puede someterse a la aprobación de esta reforma la recuperación y protección de los sueldos y salarios.
Advierte que la política salarial neoliberal no ha resuelto el problema de la inversión extranjera directa y sí ha sido una receta insuperable para “hacer pedazos” los derechos de las personas que viven de su trabajo.
Refiere que es urgente cambiar la política salarial, porque el resultado ha sido la acumulación de la riqueza en un reducido sector de la población.
Ante este panorama, se debe optar por un sistema de distribución real y profunda de la riqueza nacional, cuya esencia será la recuperación de los ingresos de la población que menos tiene.
Abunda que un salario bien remunerado, junto con la estabilidad en el trabajo y el acceso a las prestaciones legales, comenzando por la afiliación a la seguridad social, así como la plena vigencia de los derechos colectivos, constituyen la esencia de un empleo digno.
En el texto se subraya que la próxima legislatura tendrá que orientar los esfuerzos bajo los preceptos de que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo.
Los trabajadores tienen derecho a acceder a un trabajo sin discriminación alguna y las fuentes laborales deberán ser con una remuneración equitativa y satisfactoria, determina la propuesta.