El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actuará decidida y oportunamente para detener cualquier conducta ilegal que sea denunciada en cualquiera de sus salas y que pudiera afectar los procesos electorales de 2011 y 2012.
Así lo subrayó la magistrada María del Carmen Alanís, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, al señalar que las cinco salas regionales y la superior del TEPJF están preparadas para asumir la carga jurisdiccional que se presente derivada de todos los procesos electorales próximos.
Este año tendrán lugar elecciones para gobernador en Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Michoacán.
En Hidalgo se renovarán todos sus ayuntamientos; dos municipios de Veracruz y uno de Puebla tendrán comicios extraordinarios, lo mismo que algunas comunidades de Oaxaca. En las 7 elecciones locales serán convocados a las urnas cerca de 21 millones de electores, más de una cuarta parte del total de electores en el país.
Los magistrados destacaron que a finales de este año iniciará el proceso electoral federal 2012, año en que se llevarán a cabo 15 elecciones locales, además de la presidencial y legislativa federal.
Al respecto, los magistrados Flavio Galván y Manuel González señalaron que es tarea del Congreso solventar los pendientes legislativos en materia de libertad de expresión, precampañas y campañas, la regulación del artículo 41 constitucional sobre radio y televisión, entre otros.
Confiaron en que el Legislativo tenga la oportunidad de, antes de junio próximo, llevar a cabo algunas de las reformas pendientes en materia electoral.
Los magistrados Salvador Nava, Pedro Esteban Penagos y Luna Ramos advirtieron que entre el IFE y el TEPJF existe una relación estrecha de comunicación y colaboración para la definición de criterios y resolución de sentencias.
Agregaron que es natural la diferencia de posturas entre dos instancias con naturalezas diferentes en materia electoral, pues al Instituto le compete organizar las elecciones, y al Tribunal vigilar la legalidad de esa organización; porque así está establecido en la Constitución.