Guillermo Pimentel Balderas
Raúl Pérez Bedolla, Secretario de Organización de la Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO), aseguró que hay extralimitada fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación a organizaciones campesinas, por lo cual convocó a su titular, Juan Manuel Portal Martínez, a sostener una entrevista urgente.
Sería, agregó, una reunión de trabajo con organizaciones campesinas que están en proceso de fiscalización “excesiva” de recursos federales aplicados a favor de pequeños y medianos productores en todo el país.
Este encuentro, consideró, debe ser inmediato toda vez que es indispensable demostrarle que las reglas de operación de los distintos programas sociales que aplican las secretarias de Estado vinculadas con el sector rural son “engorrosas, complicadas y contradictorias”, lo que lleva a la Auditoría Superior de la Federación a considerar que las agrupaciones campesinas en su proceso de gestión incurren en irregularidades.
Subrayó que están abiertas a la fiscalización las organizaciones campesinas, principalmente las que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP), pero consideró necesario detener la extralimitada fiscalización para comprobar el buen ejercicio de los recursos que operaron en 2011.
Urge, dijo, que se abra el diálogo, “que compartamos historia sobre el trabajo de las organizaciones campesinas a favor de los pequeños y medianos productores. En síntesis, que nos dé la oportunidad de demostrarle que nuestra lucha anual es por reglas de operación simplificadas en la Secretaría de Agricultura, de Desarrollo Social y de Reforma Agraria, ya que cada año las autoridades ponen más y más requisitos que llegan a ser incomprensibles para los campesinos beneficiados”.
Consideró pertinente empatar criterios entre secretarías de Estado, Auditoría Superior de la Federación y organizaciones campesinas, a fin de que a la hora de comprobar lo ejercido, mediante los esquemas aprobados, todos nos ajustemos a las reglas de operación de los programas.
Raúl Pérez Bedolla dejó en claro no se está cuestionando la necesidad de auditar por parte de la autoridad en cuestión, pero sí la forma y el fondo, ya que el grupo de grupo de técnicos destinados a realizar dicha función por parte de la Auditoria Superior de la Federación, “sentimos que se están extralimitando en hacer las auditorias”.
Expresó que se observa total desconocimiento por parte de quienes operan el proceso de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, como son los técnicos y contadores, entre otros profesionales, en torno a la realidad del campo mexicano, así como de la historia y trayectoria de las organizaciones campesinas y mucho menos del funcionamiento real de las instituciones del sector agropecuario.
Lo anterior, apuntó, es preocupante porque si no tienes el antecedente de que las instituciones del sector agrario-agropecuario fueron desmanteladas, incluido el personal que atendía a los grupos campesinos en sus lugares de origen, en 1994 con Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República con la famosa transferencia de funciones del Estado a las organizaciones campesinas que nos llevó a absorber muchas responsabilidades de promoción, capacitación, gestión y contacto con los núcleos agrarios en su proceso de reorganización, entonces es complicado interactuar con estos funcionarios.
Cabe recordar que las demandas campesinas planteadas desde 1997 y con mayor fuerza en 2000 cuando ascendió al Poder Federal, Vicente Fox Quesada fue la flexibilización de las reglas de operación, sin embargo, “se empezó a cargar la mano con normas y reglas administrativas con el argumento de que el apoyo a las organizaciones sociales del medio rural debería ser directo y transparente”.
Por ello, ahora, “nosotros queremos hacer público a la sociedad en general que somos parte de un acuerdo de trabajo con el Estado y sus secretarias, pues nos ligamos con los grupos marginados del país en el campo mexicano, lo que implica un esfuerzo pero también un costo económico, por lo que es necesario recibir apoyo en el proceso de fiscalización para seguir con nuestro trabajo”.
Entonces, agregó, las organizaciones campesinas no estamos a favor de las limitantes que imponen las reglas de operación cuando a ello hay que añadirle el hecho de que los recursos son escasos y para acceder a ellos incluso llegan a pedirle al campesino una aportación económica que no tiene.
Por lo anterior reiteró el llamado al diálogo con el Auditor Superior de la Federación para hablar del cómo está trabajando su personal en el proceso de fiscalización ya que observamos que “muchos son muy jóvenes, son de ciudad principalmente de disciplinas profesionales como la contabilidad, profesión que no involucra aspectos generales de la agricultura por lo que para ellos sólo existe el -te di dinero para hacer un foro en un hotel o lo hiciste en el municipio de alado y te robaste el dinero-“ lo que implica una lógica muy simplona por desconocer lo que realmente se hace en las zonas rurales donde trabajamos”.
Esta visión, explicó, obliga a las organizaciones campesinas a realizar dos o tres contabilidades pues por ejemplo: “Sagarpa al darnos un subsidio le tenemos que entregar un recibo fiscal y también solicita declaración de impuestos y si hay más convenios se pactan acciones para comprobar con facturas los gastos realizados”.
Raúl Pérez Bedolla aseguró que no hay confusión entre las agrupaciones campesinas porque ellas sí saben cómo se debe auditar el trabajo del campo la mayoría tenemos más de 40 años en esta dinámica pero del año 2000 a la fecha, con las administraciones federales recientes si bien los recursos para el campo han aumentado, también hay “un exceso de burocracia”.
“Que me disculpe el Auditor Superior de la Federación pero nos salen muy caras las auditorias, hay más gente en los órganos internos, dos fiscalizaciones externas, gente que cuenta pero no sabe nada del campo por ello tenemos que platicar el titular de la ASF”.