Un empleado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) fue destituido, inhabilitado por diez años para ocupar cualquier cargo en la Administración Pública Federal, y deberá pagar una sanción económica por 39.1 millones de pesos.
Además de las sanciones administrativas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el servidor público que fungía como subdirector de Área “B” de Regulación y Atención Hospitalaria, en la Dirección Médica del Instituto.
Una investigación del Órgano Interno de Control del ISSSTE (OIC-ISSSTE) detectó que el área a cargo del hoy sancionado realizó una licitación para comprar 200 mil botiquines médicos de primeros auxilios, con un costo de 67.3 millones de pesos, sin justificar el número de paquetes de medicinas adquiridos.
La investigación permitió determinar que el ISSSTE distribuyó los botiquines de la siguiente manera: 49 mil 514 en unidades médicas y administrativas de las delegaciones estatales del Instituto; 31 mil 265 fueron donados indebidamente a dependencias federales, estatales, a los sindicatos Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como a servidores públicos y derechohabientes; mientras otros 102 mil 490 permanecen almacenados en las distintas delegaciones de la dependencia.
Al tomar en cuenta el costo de los botiquines médicos donados indebidamente y el de los que permanecen sin uso en almacenes del ISSSTE, la SFP determinó que existe un gasto injustificado por 39.1 millones de pesos.
La investigación determinó como responsable de la compra injustificada al servidor público mencionado quien, al momento de concluir las revisiones, fungía como subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria de tercer nivel del ISSSTE.
Además, en visitas de inspección a las cuatro empresas licitantes, al OIC-ISSSTE no le fue posible localizar al representante legal de la empresa que se adjudicó la licitación, pues su domicilio fiscal reportado en realidad corresponde a un departamento-vivienda.
En otras dos empresas, los domicilios reportados están deshabitados y, en suma, solamente una de las cuatro empresas participantes en esta licitación informó verazmente sobre su domicilio.
También se descubrió el incumplimiento de las Bases de Licitación, pues el encargado del proceso de compra aceptó la participación de empresas cuya principal actividad no es la comercialización de botiquines, lo que se puede comprobar al revisar sus respectivas actas constitutivas.