En México se desperdician 30 mil toneladas de alimentos y sólo con rescatar dos terceras partes de ellos se acabaría con el problema de la disponibilidad en el país, acusó Abraham Montes Alvarado, secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados.
Agregó que el 54 por ciento de ese desecho se da en la primera etapa de producción, manipulación y almacenamiento post-cosecha y el 46 por ciento restante en restaurantes y hogares.
Durante el “Segundo encuentro de legisladores, organizaciones de productores y academias, Reforma del Campo”, el legislador priísta consideró necesario generar un esquema que garantice la producción suficiente de alimentos, y proveniente de campesinos mexicanos, así como asegurar la disponibilidad y su acceso.
Planteó también constituir una reserva nacional estratégica de alimentos que dependa de la producción nacional y permita que las provisiones realmente estén disponibles y accesibles para la gente más pobre en caso de heladas, inundaciones, sequías y movimientos a la alza a los precios en el mercado nacional e internacional.
La reserva podría empezar con maíz, frijol, arroz y leche y después integrar más productos de la canasta básica. “Esto solamente se logrará cuando el gobierno desarrolle una política de atención al mercado interno”.
El legislador afirmó que se requiere asegurar que “haya suficientes alimentos accesibles para la población bajo cualquier circunstancia climatológica, económica, financiera, de seguridad, que viva el país”.
La capacidad de abasto de los alimentos para la gente, ya no puede seguir dependiendo de las importaciones sino de la producción del país, puntualizó.
El economista Julio Zamora señaló que en el sector agrícola se gasta el 77 por ciento del agua que consume el país, pero no existe el rendimiento adecuado porque las presas, canales y compuertas están en mal estado y mucha de su contenido se desperdicia.
El campo mexicano, dijo, necesita asistencia técnica, mayor apoyo crediticio y comercialización fuera y dentro del país, así como tecnificación de los predios y modernización del sistema de abastecimiento de agua.
Enfatizó que la prioridad no es solamente aumentar la producción, sino contar con los medios, procedimientos, programas y gasto para que los campesinos tengan un nivel de vida digno. “El campo mexicano ha sido desatendido por décadas y requiere compromiso del gobierno, de la iniciativa privada, así como la participación de todos”, señaló.
Carlos Salazar Arriaga, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, instó a los legisladores a corregir el proceso de reforma en el rubro que opera la Sagarpa, ya que la dependencia ha excluido, descalificado y provocado a las organizaciones campesinas.
“Se ha partido de un bajo nivel de interlocución por parte del gobierno federal, cuando el diálogo para el proceso de la reforma debería ser por parte de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. El actual nivel de interés no es igual comparado con otras reformas”, afirmó.
Llamó a proteger el mercado y la producción nacionales que “actualmente están bajo control de importadores sin escrúpulos, quienes han prometido bajar el precio al consumidor, algo que no cumplen, y condenan al productor nacional, reduciendo su calidad de vida y obligándolos a migrar a otras partes”.
Manuel Mendoza Castillo, investigador de la Universidad de Chapingo, señaló que México, pese a ser un gran productor de maíz, compra 11 millones de toneladas a los Estados Unidos. Nuestro país, continuó, tiene la mayor diversidad genética de frijol que hay en el mundo; empero, importamos un millón de toneladas de frijol negro generado en la Unión Americana.
“Las políticas de importación favorecen esto, su infraestructura está diseñada para incrementar la importación de alimentos para el pueblo mexicano y las políticas del Estado mexicano parecen querer desestimular la producción en el país. El trato al agricultor, es despectivo”, aseveró.
Por tanto, sugirió redefinir las políticas hacia la cultura del extensionismo para transferir tecnologías a los campesinos mexicanos, incrementar las producciones alimentarias y sustituir las importaciones. Esto “quedará truncado en la medida que el Estado no dé una respuesta a su implementación y no apoye a los profesionales en el rubro”, concluyó.
Edgar Esparza, en representación de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, subrayó que el campo mexicano requiere reformas económicas que contribuyan a un uso más eficiente de los recursos destinados al campo y a la transformación de la producción agropecuaria, a través de una inversión pública y privada.
Para ello, propuso dar certeza legal al campo mediante brigadas especializadas que brinden servicios gratuitos en ejidos y comunidades agrarias; créditos blandos con subsidios a las tasas de interés; seguridad alimentaria, es decir, producción de los alimentos básicos para reducir la importación.
Asimismo, desarrollar los mercados regionales y locales incentivando el consumo local de la producción; crear un banco nacional de alimentos; modernizar la infraestructura productiva y la maquinaria; apoyar la adquisición de energías alternativas; dar subsidios especiales a grupos vulnerables, y diseñar un programa integral de rescate de pastizales nativos.