La aprobación de la reforma constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, realizada el lunes por los diputados en las comisiones de Puntos Constituciones y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, constituye una regresión en materia de transparencia, aseguró Javier Corral quien hizo un llamado a los integrantes del Congreso de la Unión y “a las organizaciones comprometidas en la lucha por el derecho a la información” a no permitir que se diluya lo aprobado en diciembre pasado por los senadores.

“Estamos ante una enorme regresión. Se trata de una contrarreforma y este es un pésimo mensaje, es una mala señal en un momento en el que se convoca a la nación a un debate sobre la reforma energética basado en un diagnóstico que, entre otros, incorpora el problema de la opacidad y el de la corrupción como justificación o como explicación del deterioro de la paraestatal Petróleos Mexicanos”, dijo.

Corral recordó que tras las elecciones del 2012 Peña Nieto ofreció transparencia y autonomía al IFAI, un organismo nacional anticorrupción; y regular la publicidad oficial, sin embargo, “en los tres temas está dando marcha atrás, está reculando el Presidente de la República”, lo cual es un signo ominoso en medio de un debate trascendental para la nación como el que se quiere formular en materia energética.

Respecto a lo aprobado ayer por los Diputados el legislador chihuahuense explicó que en diciembre pasado el Senado aprobó la reforma constitucional que dotó de definitividad e inatacabilidad las decisiones del IFAI y otorgó autonomía plena al Instituto haciéndolo un órgano no sólo federal sino nacional.

No obstante, estos dos principios básicos de la reforma constitucional del Senado “intentan ser derribados con el dictamen que se aprobó el día de ayer, toda vez que se ha introducido un nuevo diseño del órgano y se ha afectado el principio de definitividad e inatacabilidad de las decisiones, por virtud de que se introduce un recurso extraordinario en manos del Procurador General de la República, del Gobernador del Banco de México, del Consejero Jurídico de la Presidencia y del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impugnar ante la Corte las resoluciones del instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Lo anterior, a partir de que Diputados incorporaron dos nuevas excepciones de carácter general al acceso a la información pública: el principio de estabilidad económica y el de afectación a los derechos humanos, “lo cual abre dos enormes catálogos de excepciones al derecho al acceso a la información pública gubernamental”.

“Luego, eliminan el consejo ciudadano que el Senado de la República había dotado desde la Constitución al organismo garante para incorporar la participación ciudadana como un mecanismo de vigilancia y de evaluación del propio organismo regulador del acceso a la información”.

“En una adición que nos parece no sólo preocupante sino cínica pretenden que el régimen de partidos políticos continúe en la opacidad al otorgársele un régimen especial como sujeto obligado, toda vez que incorporan la excepción entre los sujetos obligados y todo lo relativo al acceso a la información de partidos políticos se le remite a la competencia del Instituto Federal electoral, exactamente como acontece hoy en el que partidos políticos, IFE y Tribunal se han echado invariablemente la pelotita y hasta ahora no tenemos respuestas fundamentales sobre el acceso a la información”, indicó.

Corral señaló que dicha reforma se trata también de una renovación en automático de la actual integración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, “con lo que evidentemente busca asegurarse el nuevo gobierno una integración favorable o ad-hoc” a sus designios u objetivos, “toda vez que, como sabemos, la actual conformación de este órgano no tiene ningún comisionado del actual presidente de la república ni mucho menos mayoría”.

Además, “introducen un requisito verdaderamente estrambótico que violenta el principio general de constitución de estos órganos autónomos en el mundo, al incorporar el requisito de que 4 de los 7 comisionados del IFAI deberán tener título profesional de abogados, lo cual limita de manera extraordinaria el amplio, diverso, polifacético y diría yo multidisciplinario universo que debe encargarse de la garantía del derecho de acceso a la información”.

“Lo más preocupante es que han reducido las definiciones que la minuta del Senado otorgaba a los órganos garantes en los estados atribuyéndoles características de especialización, de profesionalización, de colegiación y donde se les ampliaba también la materia hacia partidos políticos, sindicatos y fideicomisos”.

“Eliminan de un plumazo toda la definición de los órganos locales autónomos y sólo lo dejan en órganos públicos autónomos en materia de garantía del derecho de información”.

En ese sentido, Javier Corral dijo por último: “¿quién le va a creer a EPN que realmente quiere transformar Petróleos Mexicanos y el sector energético y conducirlo a un estadio de mayor transparencia cuando es él mismo el que recula en una de sus tres principales ofertas que realizó tras las elecciones del 2012?”.