El número de personas desaparecidas, secuestradas, no identificadas o víctimas de desaparición forzada en México se incrementaron dramáticamente en los últimos años y se ha convertido en una problemática que afecta de manera grave a nuestra sociedad.
Sin embargo, existe discrepancia entre las cifras de las diferentes dependencias y organismos encargados de llevar un registro sobre personas extraviadas, advirtió el Senado de la República.
Por ello el Pleno de este poder Legislativo solicitó al titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República, Ricardo García Cervantes, un informe sobre el proceso de integración de las bases de datos de las distintas dependencias, entidades y organismos relacionadas con la conformación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Además, los senadores pidieron desde el recinto parlamentario al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, un reporte del estado que guarda el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas o Fallecidas no Identificadas, así como de las acciones que realiza la CNDH en esta materia.
Una vez recibida y analizada la información solicitada, la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos determinará la conveniencia y, eventualmente, la fecha para invitar a una reunión de trabajo a cada uno de los funcionarios citados.
Desde el 17 de abril de 2012, fecha en la que se publicó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tenía la obligación de migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas extraviadas o desaparecidas, al Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, dicho Registro, a cargo del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aún no ha presentado cifras oficiales de personas desparecidas, ni datos sobre el estado actual que guarda el proceso de migración de dicha comisión.
Al presentar el dictamen, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que para el trabajo que tiene que realizar el Congreso en este tema, es indispensable tener certidumbre sobre la cuantificación de las personas desaparecidas, cualquiera que sea su condición.
La puntualización de estos datos y la precisión de la información, dijo, son necesarios para que los legisladores puedan ponderar las acciones que deben impulsar para dar respuesta a este reclamo nacional.