Senadores de la República solicitaron la comparecencia ante la Comisión Permanente de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía para que informen las razones por las cuales el Ejecutivo federal decidió suscribir el Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así como los términos en los que lo firmó y el texto definitivo del mismo.
Los legisladores anuncian que harán la solicitud para que el titular del Poder Ejecutivo lleve a cabo las gestiones necesarias, a fin de que a la brevedad sea retirada la firma de México de dicho acuerdo comercial.
Asimismo, pedirán que la Comisión Permanente rechace enérgicamente esta firma, “en virtud de que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; se ignoraron las conclusiones aprobadas por el pleno del Senado de la República el 6 de septiembre de 2011; y porque se trata de un Acuerdo que vulnera el orden jurídico nacional y los derechos humanos de los mexicanos”.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Javier Castellón Fonseca, detalló que este punto de acuerdo, turnado a la Segunda Comisión de la Permanente para su estudio y dictamen, cuenta con el respaldo de legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México.
En dicho documento se explica que ACTA consiste en una propuesta internacional multilateral que pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, con el propósito de combatir el crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados, mediante la cooperación internacional, el establecimiento de mejores prácticas para su observancia y la creación de un marco legal efectivo para combatir la piratería y la falsificación.
De acuerdo al senador del PRD, desde el año 2007, México inició una serie de negociaciones relacionadas con este Acuerdo junto con los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, Estados Unidos de Norteamérica, y representantes de la Unión Europea.
Sin embargo, no fue sino hasta principios del 2010, que a través de internet y las redes sociales “los legisladores nos enteramos de las negociaciones del ACTA, las cuales, en su momento fueron llamadas reservadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pero que en realidad fueron realizadas en la oscuridad, en la opacidad y carentes de transparencia”.
Con esta acción, dijo el senador por Nayarit, el Ejecutivo Federal violó lo dispuesto en la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, cuyos artículos 5 y 8 establecen que el Senado de la República deberá ser informado, por parte de las Secretarías de Estado y de cualquier otro organismo de la Administración Pública Federal, sobre el inicio de negociaciones formales de un Tratado Internacional.
Como una manera de contrarrestar esta acción del Ejecutivo federal, el Senado de la República el 5 de octubre del año 2010, aprobó la creación de un Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al proceso de negociación del Acuerdo Comercial Anti Falsificación, con el objeto de coadyuvar en la transparencia de las negociaciones multilaterales y garantizar que dicho tratado se encontrara con arreglo a las garantías y derechos fundamentales que prevé la Constitución.
Luego de múltiples reuniones y audiencias públicas llevadas a cabo en el Senado de la República y a las cuales acudieron sectores involucrados en el tema para exponer las implicaciones y efectos de la firma de este tratado, el Grupo Plural consideró que si bien es fundamental proteger los derechos de propiedad intelectual, esta protección debe formularse cuidadosamente, sin que se genere un retroceso ni se limiten los servicios de Internet ni su acceso; sin inhibir el desarrollo del comercio electrónico, y respetando absolutamente las garantías individuales de los ciudadanos.
Ante ello, el 6 de septiembre de 2011 el pleno del Senado aprobó un documento que contenía las conclusiones del Grupo Plural, la más importante fue exhortar al Ejecutivo federal a no suscribir ACTA ya que se trataba de un proyecto que contenía diversas disposiciones que, en distintas interpretaciones, se pueden considerar contrarias a la legislación mexicana.
De igual manera, la ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto del Acuerdo Comercial Anti Falsificación resultarían contrarias a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del País y la implementación de dicho tratado podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet.
Por estas razones, el senador del PRD consideró lamentable la decisión tomada por el Gobierno Mexicano de firmar ACTA, pues con ello demuestra una falta de respeto hacia la relación que debe existir entre los Poderes de la Unión, “el Poder Ejecutivo ignoró por completo el debate que se dio durante dos años en el Senado de la República, en el cual se escuchó a todos los actores involucrados e interesados en el tema”.
Castellón Fonseca subrayó que el Congreso de la Unión no puede aceptar que se violen las leyes de México, ni que se vulneren las garantías individuales que la Constitución consagra, ya que el ACTA viola los derechos de los ciudadanos y le concede al Poder Ejecutivo facultades para infringir la privacidad en Internet.