*Entre médicos te veas
La Cámara de Diputados solicitará, en el marco del convenio de colaboración firmado recientemente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que sea esta institución la que realice la valoración médica a 56 niños presentes durante el incendio de la guardería ABC, ante las anomalías cometidas por la Academia Mexicana de Pediatría en la revisión de los expedientes clínicos de los menores.
Así lo propuso el diputado federal Pedro Jiménez León, durante la 15 reunión ordinaria de la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público.
El legislador expuso que los expedientes entregados a la Cámara de Diputados por los especialistas de la Academia Mexicana de Pediatría sobre el estado de salud de los 56 niños, “parecen un formulario burocrático más que una verdadera revisión sobre las condiciones de los infantes y de los alcances que pudieron sufrir en su salud y sobre el trauma al que estuvieron expuestos durante los minutos en que se encontraron en el humo y el fuego”.
Agregó que de los 49 casos de valoración de cardiología efectuados a los menores solamente se entregaron seis con interpretación, los cuales demostraban que los niños presentaban una hipertrofia ventricular. “Tal vez no entregaron el resto porque entonces se demostraría que todos padecen el mismo mal a raíz de su exposición al humo y el fuego”, señaló.
Entre las anomalías, el diputado mencionó que en los expedientes quien aparece como responsable de las valoraciones no es el médico tratante, sino uno ajeno al procedimiento.
“Este es uno de los casos más penosos que han ocurrido en México y donde las instituciones no han sido capaces de dar la respuesta adecuada y efectiva que requieren no sólo las personas que sufrieron los efectos de este acontecimiento, sino la sociedad en su conjunto”.
Dijo que ante estas anomalías se podría suponer que los integrantes de la Academia Mexicana de Pediatría tienen contratos con el IMSS o con empresas subrogadas, por lo que se hace necesaria la participación de la UNAM, a través de la Facultad de Medicina o del Instituto de Salud, ya que así “estaríamos ante la participación de un verdadero terciario.
“La UNAM no cobraría por la revisión médica de los menores, sino que actuaría como una institución pública en el marco del convenio de colaboración. De esta forma podríamos pedir que todos los estudios sean realizados por la universidad y ahora sí exigir que todos los resultados tengan una interpretación”, enfatizó el diputado Jiménez.
La Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público solicitó, a petición de padres de familia, a la Academia Mexicana de Pediatría que efectuara una revisión médica a 56 niños presentes durante el incendio, pero que no fueron reportados como afectados. El objetivo de la evaluación era conocer si habían sufrido alguna afectación y que las instituciones de salud oficiales se hicieran cargo de los tratamientos a los que tienen que ser sometidos tras la conflagración.